Para la regidora del Concejo Provincial de Huánuco, Miluska Torres Peña, el incumplimiento de algunos gerentes para efectuar la rendición de cuentas de los tres días de serenata en el Estadio Heraclio Tapia León por aniversario de la ciudad, es responsabilidad del alcalde Antonio Jara Gallardo, en su calidad de presidente de la comisión central de los festejos y de la coordinadora que es la gerente municipal.
Señaló que, como regidora ya cumplió con exigir a la actual gestión municipal que presenten los documentos que sustenten la rendición de cuentas, pero ante la negativa de los funcionarios designados por el alcalde, recurre a las instancias como el Órgano de Control Institucional y la Procuraduría Anticorrupción, para que inicien las investigaciones que correspondan.
Señaló que con una simple acta de compromisos, firmada por los gerentes Teresa Núñez, Alan Estrada, Teófilo Loarte y Marla Berrospi, con la promotora de la serenata Coraly Rocío Suarez Castañeda de la Empresa Distribuidora Cavalíe E.I.R.L., han efectuado la concesión, que es una atribución que solo le corresponde al Concejo Provincial de Huánuco, lo que debe entenderse como un acto ilegal.
Detalló que se perjudicó por la serenata de los días 12, 13 y 14 de agosto por los siguientes conceptos: uso del protector de gras, por tres días: 50 000 soles; combustible para la iluminación del estadio: 48 000 soles; venta de 4 000 cajas de cerveza con una ganancia de 700 mil soles. Además, debe contarse con el aporte de los auspiciadores.
En el caso del alquiler del día 15 de agosto, cobraron 6 000 soles, cuando se conoce que el estadio se usó el día y la noche, lo que implica que se dejó de cobrar una parte importante, como también el uso de protector de gras, que no se cobró ese día.
Estimó que la Municipalidad Provincial de Huánuco, fue perjudicada por aproximadamente un millón de soles por todo concepto, y que el gran beneficiado es la empresa que el entorno del alcalde conoce perfectamente de quienes se trata.
Señaló que en este accionar de la gestión habrían cometido una serie de delitos como: colusión, omisión de funciones, usurpación de funciones (en el caso de la suscripción del acta de acuerdo que se firmó sin la autorización del Concejo Provincial).
