El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que no se puede aceptar una «práctica injerencista» en las atribuciones constitucionales del país, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio recomendaciones sobre institucionalidad democrática en el Perú.
La CIDH concluyó en su informe final, que durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte hubo graves violaciones a los derechos humanos, principalmente en Ayacucho y Puno.
Calificó de «muy interesante» y «poco extraño» las recomendaciones del citado informe CIDH, en el que se abordó la situación de los derechos humanos en el Perú durante las protestas registradas entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero de este año.
«Eso tiene un límite. La Comisión ha entrado a un análisis de nuestro modelo político, que ciertamente tiene algunas contradicciones que es menester abordar un solo poder del Estado que es el Congreso de la República, en cuyo caso nosotros nos remitimos a nuestra Constitución Política. Es decir, podemos recibir un informe muy interesante, con algunas recomendaciones, con varias críticas y sugerencias, pero no se puede aceptar ciertamente es que se pretenda realizar una práctica injerencista en las atribuciones constitucionales en los organismos constitucionalmente autónomos del Perú», dijo.
Alberto Otárola aclaró que el Estado peruano analizará las 36 recomendaciones para «ver la aplicación de su pertinencia» en el marco del Pacto de San José.
Consideró también que el informe de la CIDH tiene un «deficiente análisis» a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las protestas, por lo que aseguró el Gobierno ratifica el respaldo de las fuerzas del orden.
