El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió el pedido de ejecución anticipada de la sentencia que ordena al Gobierno restituir a Daniel Soria, como procurador general del Estado. El Ejecutivo deberá reponer al exprocurador bajo apercibimiento de ser denunciado por desacato.
El juez Jonathan Valencia dispuso la actuación inmediata de la sentencia luego de determinar que esta no generará una situación de irreversibilidad ni se ocasionarán daños desproporcionados al demandado.
El artículo 26 del Nuevo Código Procesal Constitucional establece que “la resolución que ordena la actuación inmediata de sentencia es inimpugnable y mantiene su vigencia hasta que se emita resolución última y definitiva que pone fin al proceso”.
En relación con un eventual perjuicio que podría conllevar la ejecución inmediata de la sentencia, el juez Valencia sostuvo que, “si bien conlleva la obligación, para la demandada, de brindar un salario al solicitante, exige de este, como contraprestación, la realización efectiva de los servicios” de procurador general del Estado. “En esa medida no se aprecia que exista un perjuicio económico para la demandada”, consignó en la resolución.
El magistrado ordenó al Gobierno acatar la disposición y restituir a Soria como procurador general del Estado “bajo responsabilidad funcional y penal que conlleve el incumplimiento a un mandato judicial”.
En febrero de este año, el Ministerio de Justicia dio por concluida la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, argumentando la causal de pérdida de confianza.
