Por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible; el ex gobernador de Huánuco, Luis Picón Quedo y sus funcionarios, fueron denunciados ante la fiscalía especializada de turno, por la apoderada legal de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Huánuco, Krupskaia Beraún Aguirre.
El caso tiene que ver con la ejecución contractual de la obra “Ampliación de Infraestructura de la IE San Jorge en el centro poblado Supte San Jorge – Tingo María” valorizado en 2 millones 351 mil 620 soles, en el que según un informe de auditoría de cumplimiento del Gobierno Regional de Huánuco, advirtieron una serie de indicios de irregularidades cometidos por funcionarios y servidores públicos.
Los ex funcionarios denunciados, son: Carlos Villegas Toledo (director regional de Administración), Julio Peña Quevedo (director de Tesorería), Jesica Mendoza Chipana (monitora de obra de la Subgerencia de Liquidación), Espinoza Haro (subgerente de Supervisión y Liquidación), Oscar Colmenares Zapata (gerente de Infraestructura), Napoleón Carlos Huamán (director de Tesorería), Rogelino Guzmán Jiménez (director de Administración) y Francisco Yalico Trujillo (director de Contabilidad).
Además, están comprendidos el representante legal del consorcio Supervisión Supte, Jhonny Olórtegui Sifuentes y el representante legal del consorcio Bella Durmiente (ejecutor de la obra), Héctor Roberto Falcón.
CONCLUSIONES. De acuerdo al informe, en el expediente técnico del proyecto determinaron que el presupuesto relacionado al cerco perimétrico y drenaje pluvial de la obra presenta una sobrestimación, debido a que el consultor y los responsables de la evaluación y aprobación no revisaron adecuadamente los metrados respectivos, ocasionando la sobreevaluación de presupuesto de la obra en 60 mil 23 soles.
Igualmente señala que identificaron la carta fianza de fiel cumplimiento de la Caja Rural de Ahorro y crédito Señor de Luren, que fue entregada por el representante legal del contratista, no ingresó por conducto regular a la entidad; y detectaron que ese documento no fue emitido por la financiera.
También dice que otorgaron en forma irregular un adelanto de 470 mil 324 soles a la constructora, previa cartas fianzas de la ilegal cooperativa Coopex; y devengaron la suma de Un millón 175 mil 811 sin los documentos sustentatorios.
Además, establecieron que en dos valorizaciones pagaron por trabajos no ejecutados, por la suma de 125 mil 758 soles, la misma que a la fecha de la inspección física de la obra por parte de la comisión auditora (8 de abril 2016), no fueron regularizados, ni resarcidos. En otra valorización, cuando al contratista le correspondió cobrar S/ 59 093, le pagaron S/ 267 643. Entre otros, también devengaron a favor del supervisor de la obra 8 mil 299 soles sin los documentos sustentatorios.
ALGO MAS
Por último, determinaron que luego de la resolución del contrato con la constructora por incumplimiento, suscribieron un acta de conciliación en marzo del 2016, evitando con ello la aplicación de la penalidad por mora de 243 mil 704 soles, en perjuicio del gobierno regional.
