Aparecen nuevos indicios de ilícitos en gestión de ex alcalde Giles

El Concejo Provincial de Huánuco autorizó a la procuradora municipal iniciar las acciones legales contra un grupo de ex funcionarios y servidores de la gestión de Jesús Giles Alipázaga, tras conocer un informe de auditoría en el que determinan presuntas irregularidades relacionados con la “liquidación técnica y financiera de las obras ejecutadas entre 1998 y 2010”, causando un perjuicio económico de 16 mil 66 soles a la comuna.

“La contraloría investiga todos los concursos públicos. En este caso realizó un examen especial sobre un contrato de liquidación de obras de la anterior gestión, y determinó que hay indicios de ilícito peal y responsabilidad administrativas”, señaló el alcalde Anibal Solórzano al dar a conocer el caso.

Según la observación n. 1 de la Auditoría de Cumplimiento del periodo enero 2012 a diciembre 2013, los miembros del comité especial permanente del proceso de selección en la ADS n.16-2012, que tuvo por objeto la contratación del servicio de ‘Liquidación Técnica y Financiera de las Obras ejecutadas desde 1998 al 2010”, indebidamente y en forma directa se interesaron por admitir la propuesta de la empresa “Construcciones e Inversiones Generales del Castillo Castiglione EIRL”, pese a que no presento su Registro Nacional de Proveedores, documento de obligatoria entrega.

“Prosiguiendo con ese interés indebido procedieron a apartarse de los criterios y puntuaciones señaladas en las bases, permitiendo al postor acceder a la evaluación económica y beneficiarse con el otorgamiento de la buena pro”, señala el documento.

En este particular están implicados los tres miembros del comité especial de entonces.

En tanto, la observación n. 2 sobre el mismo tema, refiere que otro grupo de funcionarios también indebidamente se interesaron en no cautelar y permitir que no se atienda la documentación solicitada por la referida empresa para la prestación del servicio, otorgándole ampliación de plazos sin sustento técnico ni legal, lo que imposibilitó la aplicación de penalidades a la empresa por retrasos injustificados, causando un perjuicio económico a la  municipalidad.

En esta parte del informe señalan como partícipes del hecho a la entonces gerente de Desarrollo Local, Irene Rojas Meza; subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, José Khoman Higa; y la gerente de Asesoría jurídica, Edelmira Zulma picón. Y como tercero, al gerente de la empresa, David Del Castillo Castiglione.

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En el informe firmado por el abogado Rommel Cabrera Melgar, advierten la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.

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