La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, afirmó que cerca de 54 procesos de colaboración eficaz planteados en el marco del caso Lava Jato se verían afectados de oficializarse la norma aprobada por el Congreso sobre la materia.
Cuestionó que la iniciativa limite los plazos de las solicitudes de colaboración a ocho meses como máximo, o que no establezca diferencias entre el acogimiento de personas naturales y jurídicas. Agregó que, en el caso de estas últimas, ya existe una ley vigente desde 2018.
Sobre los procesos de colaboración de la procuraduría a su cargo, señaló que estos involucran empresas brasileñas y por tanto se requiere información y asistencia internacional, lo que puede tardar entre seis meses a un año. “Ahí nomas ya se fue todo el plazo que establece la norma”, indicó a RPP.
Sostuvo que, entre los 54 procesos del caso Lava Jato, se encuentran algunos relacionados a Línea Amarilla, Rutas de Lima o el proyecto Gasoducto del Sur.
Además, Carrión recordó que esta norma no solo aplicará en casos de corrupción sino también de crimen organizado, por lo que se afectarían también procesos en contra de bandas criminales que atentan contra los ciudadanos de a pie.
En ese sentido, la procuradora ad hoc consideró que la citada norma representa un retroceso en materia de lucha contra la corrupción.
“Qué va a suceder, va a haber desincentivo en los procesos de colaboración, o van a tener que ser cerrados y la prueba finalmente, que es lo que se busca a través de este instituto de la colaboración eficaz no va a poder ingresar a las investigaciones penales”, indicó Silvana Carrión.
Silvana Carrión no es la primera funcionaria en mostrarse contrario a la iniciativa aprobada por el Congreso. En la víspera, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, solicitó a la presidenta Dina Boluarte observar la autógrafa porque, a su entender, estaría en peligro la eficacia y éxito de la colaboración eficaz.
Según Soria Luján, el proyecto de ley impone plazos rígidos al procedimiento de colaboración eficaz, y con ello, pone en peligro su eficacia y utilidad para la persecución del delito.
Como se recuerda, el Pleno del Congreso aprobó el pasado jueves, con 84 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones, la ley que limita la figura de colaboración eficaz. Este dictamen modifica los artículos 473,476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal Penal.
