Juez Elmer Contreras pidió inhibirse del caso de Juan Alvarado y otros funcionarios por irregular compra de laptops

Mediante resolución n° 01 emitido el 8 de marzo del 2022, los magistrados que conforman la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, desaprobaron la inhibición (apartamiento) de Elmer Contreras Campos, juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, y ordenaron continúe con el conocimiento de la causa; esto con relación al requerimiento de prisión preventiva por 18 meses contra el gobernador regional Juan Alvarado Cornelio y otras tres personas.
El magistrado Contreras Campos, solicitó inhibirse del proceso penal seguido contra Darwin Campos Soto y otros por el delito de contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada y otros, sosteniendo que Campos Soto es hijo de Antonio Porfirio Campos Chávez y en el distrito de Rondos, donde su señora madre identificada como Mercedes Campos Chávez vive, se conocen como hermanos. Incluso el trato de ambos es de familia, pese que no existe documento alguno que indica que Antonio Porfirio y Mercedes son hermanos.
Al explicar las razones del porque no debe ver el caso, el juez informó que el año 2012 trató de ubicar la partida de nacimiento de su mamá, pero sin resultado alguno, razón por el cual el 2014 su madre (Mercedes Campos) acudió a la municipalidad de Rondos, en la provincia de Lauricocha para inscribirse. “En esta partida de nacimiento no hay ningún vínculo de parentesco, porque el padre del señor Antonio Porfirio es Pompeyo Campos Villanueva, pero el padre de mi madre es Pompeyo David Campos León”, explicó el juez en uno de sus argumentos de su pedido de inhibición.
El referido magistrado explicó que la finalidad de pedir no conocer el caso contra Darwin Campos Soto y otros es para evitar cualquier tipo de suspicacias, pero los jueces superiores Angélica Aquino Suárez, Eloy Cupe Calcina y Abraham Limaylla Torres, explicaron que la causal de inhibición por parentesco requiere que tal grado o vínculo, sea por consanguíneo o afinidad y no superficial, como es el caso presentado por el juez Elmer Contreras. Tras evaluar el caso consideraron la inhibición no es estimable.

AUDIENCIA. Mientras esperaba la decisión final de la Sala Penal de Apelaciones, el juez Elmer Contreras, mediante resolución número 2 emitido el 7 de marzo del presente año, programó para el 15 de marzo a las 8:30 de la mañana la audiencia de prisión preventiva por 18 meses contra el gobernador regional, Juan Manuel Alvarado Cornelio, Luz Janeth Rodríguez Ramos, Darwin Frank Campos Soto y Luis Bedregal Gonzáles.
A la audiencia que será virtual, están obligados asistir los abogados de cada una de las cuatro personas investigadas por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Huánuco, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Huánuco.
En la audiencia, el fiscal Iván Carrión Cabrera del Quinto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, expondrá los más de cien elementos de convicción que vinculan a los investigados con el delito de colusión agravada, esto debido a la compra irregular de 7995 laptops que ocasionó un perjuicio económico de 23 millones de soles al Estado.
Debido a que el fiscal solicitó para Limber García Tafur y Luis Augusto Briceño Jara comparecencia con restricciones, el juez aplazó la audiencia para el próximo 19 de abril del 2022 a las 8:30 de la mañana.
En ambas audiencias, la participación del representante del Ministerio Público y los abogados de los seis investigados es obligatoria.

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CASO. Juan Alvarado, el empresario Luis Bedregal Campos, el funcionario Luis Briceño Jara y los exfuncionarios Darwin Campos, Luz Rodríguez Ramos, Limber Garcia Tafur y otros son investigados por la compra ilegal y sin sustento técnico de 7995 computadoras portátiles, las cuales fueron adulteradas y distribuidas a los docentes.
Según el informe de auditoría de cumplimiento n° 29224-2021-CG/GRHC-AC, los funcionarios y servidores de la entidad habrían direccionado la adquisición para que las laptops sean de una determinada marca y modelo, sin tener los equipamientos preexistentes. De acuerdo a la comisión auditora, las computadoras fueron importadas con diferentes características a las requeridas, y antes de su entrega a los docentes, fueron reensambladas, les reemplazaron los discos duros de 256 gigabytes (GB), que eran de fábrica, por otros de mayor capacidad de almacenamiento (1 terabyte). Asimismo, estas computadoras fueron adulteradas: cambiaron el número de la placa base del ordenador con la finalidad de que cumpla con las características requeridas de la orden de compra emitida por el gobierno regional. Los funcionarios involucrados dieron conformidad a la recepción de 7 995 laptops, a pesar que no fueron entregadas con todos los programas de cómputo solicitados y registraba un faltante de 104 equipos de cómputo. Los responsables transgredieron la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual afectó la correcta contratación pública y la transparencia en el uso de los recursos públicos, situación que generó un perjuicio a la entidad por S/ 23 225 490,04.

ALGO MAS
Si el fiscal no asiste a la audiencia, el juez remitirá copias al fiscal superior coordinador y si alguno de los abogados no asiste serán reemplazos por un defensor público y multados con una unidad de referencia procesal que es de 420 soles.

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