Hoy desde las 8:30 de la mañana, el juez Elmer Contreras Campos del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, dirige la audiencia de prisión preventiva contra el gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, el empresario Luis Bedregal Gonzáles, los exfuncionarios Darwin Frank Campos Soto y Luz Janeth Rodríguez Ramos; investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Huánuco.
En la audiencia que será virtual, el fiscal Virgilio Iván Carrión Cabrera de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, expondrá ante el magistrado los fundados y graves elementos de convicción que vinculan a los investigados con el delito. El requerimiento de prisión preventiva por 18 meses contra el gobernador y las otras tres presentados fue presentado el 24 de febrero.
Entre los elementos de convicción que el representante del Ministerio Público expondrá ante el juez, está las copias certificadas de la declaración del imputado Darwin Campos, quien el 14 de marzo decidió según él contar su verdad sobre la irregular compra de las 5995 computadoras portátiles que fueron entregadas a profesores. También está el registro de conversaciones mediante el aplicativo WhatsApp que el imputado sostuvo con el gobernador y Naylam Cueva León.
Para asegurar su predisposición de colaborar con la justicia, el falso ingeniero de sistemas el mismo día 14 de marzo que acudió a la fiscalía a rendir su declaración, hizo entrega de su equipo móvil, un USB conteniendo imágenes de la reunión que el investigado sostuvo con Naylam Cueva a pedido de Juan Alvarado. También entregó una agenda que sería de su mamá, donde quedó registrado el número que Naylam apuntó para comunicarse.
Para la fiscalía; Juan Alvarado, estaría obstaculizando de forma directa al tratar de cambiar la declaración de Campos Soto, para quien la fiscalía también está pidiendo 18 meses de prisión preventiva. El fiscal basó su requerimiento en el informe de la Contraloría de la República, donde indica que los funcionarios del gobierno regional habrían direccionado la adquisición para que las laptops sean de una determinada marca y modelo, sin tener los equipamientos preexistentes.
Según el informe, las computadoras fueron importadas con diferentes características a las requeridas, y antes de su entrega a los docentes, fueron reensambladas, les reemplazaron los discos duros de 256 gigabytes (GB), que eran de fábrica, por otros de mayor capacidad de almacenamiento (1 terabyte). Asimismo, estas computadoras fueron adulteradas: cambiaron el número de la placa base del ordenador con la finalidad de que cumpla con las características requeridas de la orden de compra emitida por el gobierno regional.
ALGO MÁS
La investigación contra el gobernador y otras cinco personas es por la irregular y sin sustento técnico de la compra de 7995 laptops por casi 23 millones de soles.
