Como se recuerda, el 4 de diciembre del 2018, la empresa Odebrecht vendió la Central Hidroeléctrica Chaglla al consorcio China Three Gorges por 1400 millones de dólares, monto del cual Huánuco no recibirá absolutamente nada. Así explico, Daniel Figueroa, asesor legal de la unidad funcional del Ministerio de Justicia, quien el fin de semana estuvo en la primera mesa informativa desarrollada en el distrito San Pablo de Pillao, sobre la situación de la referida hidroeléctrica, el futuro de su actividad económica y situación legal.
Detalló que de la venta de la hidroeléctrica Chaglla tiene una medida restrictiva que se basa en la retención del 50% del costo de la venta, ya que de esta forma el Estado peruano asegura un porcentaje del monto de reparación civil por parte de Odebrecht por la corrupción generada en el país.
Del 50% del total retenido, un 25% se traslada a la Sunat para el pago de impuestos pendientes que tienen la empresa y los otros 25% son el pago de la reparación civil, pero del cual Huánuco no podrá acceder pues no hay un proceso judicial vigente, ni tampoco está dentro de una investigación fiscal por corrupción de funcionarios, delitos contra la administración o lavado de activos.
Menciono que la empresa brasileña reconoce la entrega de sobornos en cuatro obras: la Costa Verde, Vía de Evitamiento de Cusco, carretera Interoceánica y la Línea 1 del Metro de Lima, pero no la hidroeléctrica de Chaglla.
“Tiene que detectarse que en el proyecto de la central de la hidroeléctrica de Chaglla a habido corrupción porque Odebrecht no ha admitido comisión delictiva en la concesión de la hidroeléctrica Chaglla. Si se llegase a detectar la comisión de un delito se pueda iniciar un procedimiento que determine el pago de una reparación civil a Huánuco, pero eso tiene que determinarlo un juez”, mencionó.
ALGO +
Según el funcionario del Ministerio de Energía y Minas, Alcides Claros, el 10% del total del canon es para los distritos de San Pablo de Pillao y Chaglla. El 25% para las provincias de Leoncio Prado y Pachitea, el 40% para los gobiernos locales del departamento y el 25% restante para el gobierno regional de Huánuco.
