El Quinto Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios logró la destrucción de 25 campamentos logísticos rústicos que eran utilizados por mineros ilegales en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
Como parte de la intervención, se ejecutó la detonación e incineración de dos balsas tracas, motores diésel, bombas de agua, 25 generadores eléctricos, antenas de internet satelital, televisores y casi 2,000 metros de mangueras de alta presión. Estos enseres, valorizados en 1 millón 028,260 soles, eran empleados para la extracción ilegal de minerales en la zona, según informó la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental.
El operativo se realizó de manera conjunta con la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, miembros del Ejército del Perú y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), y tuvo como escenario el sector conocido como El Platanal, en el distrito de Inambari, considerado el principal enclave logístico y de abastecimiento para la minería ilegal en Madre de Dios.
La destrucción de los materiales se ejecutó al amparo del Decreto Legislativo 1100, norma que habilita la interdicción in situ de bienes considerados ilícitos como parte de la lucha contra este delito. Según las autoridades, la acción permitió mitigar un foco grave de degradación de suelos, deforestación de bosques y contaminación crítica de cuerpos de agua provocada por el uso indiscriminado de combustibles y químicos dentro del área natural protegida.
Contexto: una reserva que vuelve a estar bajo asedio, siete años después de la gran interdicción
El operativo de esta semana se inscribe en un problema que las autoridades ambientales consideran una de las mayores amenazas actuales para la Amazonía peruana. La Reserva Nacional Tambopata, uno de los espacios de mayor biodiversidad del planeta, atraviesa desde el segundo semestre de 2025 una reactivación acelerada de la minería aurífera ilegal que, según el informe MAAP #241 del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, ha provocado la deforestación de más de 500 hectáreas de bosque en apenas ocho meses, una cifra que supera a la registrada en los años más críticos de la década pasada.
El dato adquiere mayor peso al compararlo con un antecedente histórico: en 2019, el Estado peruano ejecutó el Operativo Mercurio, una de las intervenciones más grandes contra la minería ilegal en Madre de Dios, que logró reducir sustancialmente la deforestación dentro de la reserva durante varios años. Sin embargo, el monitoreo satelital de la organización Conservación Amazónica (ACCA) muestra que las redes de extracción ilegal se recompusieron con rapidez: para febrero de 2026 se habían identificado 67 campamentos y 183 infraestructuras vinculadas a esta actividad, además de un estimado de 1,000 mineros ilegales operando de forma activa dentro del área protegida.
Entre los factores que explican este repunte, especialistas citan el alza del precio internacional del oro, que incrementa el incentivo económico para abrir nuevas zonas de extracción, así como las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) aprobadas en el Congreso, que han sido señaladas como un factor que debilitó los controles frente a la minería informal e ilegal. A ello se suma que Madre de Dios permanece en estado de emergencia de manera ininterrumpida desde abril de 2023, con prórrogas sucesivas cada 60 días, un mecanismo que evidencia que las medidas aplicadas hasta ahora no han logrado contener el problema de forma sostenida.
El costo humano de esta expansión también ha sido documentado: en julio de 2025 fue asesinado Hipólito Quispe Huamán, defensor ambiental vinculado a la vigilancia de la Reserva Nacional Tambopata, un caso que organizaciones ambientales citan como muestra de los riesgos que enfrenta quienes protegen estas zonas frente al avance de economías ilegales. En ese escenario, operativos como el ejecutado esta semana por la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios se producen de manera recurrente, pero enfrentan un patrón que las propias autoridades ambientales han reconocido: la capacidad de las organizaciones criminales para reinstalar campamentos y maquinaria en cuestión de semanas tras cada intervención.
Fuente: Agencia Andina
