Fiscalía de Prevención y Procuraduría Anticorrupción intervienen GRH

Ante la denuncia periodística de presuntos ilícitos en la Licitación Pública n. 011-2017-GRH/GR-1 sobre la ‘Adquisición de materiales agregados de río, material de relleno, piedra y tierra de cultivo, para la construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de La Esperanza’ por 3 millones 144 mil 388 soles; la Procuraduría Anticorrupción y Fiscalía de Prevención del Delito intervinieron la sede del Gobierno Regional de Huánuco.

La finalidad de la diligencia que contó con el apoyo de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y cuatro miembros de la Policía, entre ellos dos oficiales; fue para recabar toda la información relacionada a la referida licitación; toda vez que los denunciantes señalaron que habría documentos falsos y que la buena pro habría sido direccionada al postor ganador.

“Se realizó la intervención debido a la difusión en los medios de prensa sobre presuntas irregularidades de una licitación”, refirió la procuradora Anticorrrupción, Krupskaia Beraún; tras referir que el caso debe ser derivado a la Fiscalía Anticorrupción para las investigaciones del caso.

El ganador de la buena pro otorgada el 5 de diciembre por el Comité de Selección que preside el director de la Oficina de Logística, Nepteli Aquino Berrospi; es el Consorcio Nueva Esperanza formada por las empresas Inversiones Drumal S.R.L., Isidro Medina Albornoz, Alicia Coello Gargate y Spinal Medina Ángel.

Como dimos a conocer, según el empresario denunciante, Jhon Nolberto Moya, del Consorcio La Esperanza, que no pudo participar en el proceso porque según él le hicieron “una trampa”, desviándolo del acto para llamarlo luego cuando no estaba; el consorcio Nueva Esperanza representado por Isidro Medina Albornoz, no cumple con los requisitos porque no vende material agregado sino baritina.

Además, dijo que en su certificado de experiencia presentó facturaciones por 12 millones de dos años, cuando en un consorcio que hizo con él tenía solo 220 mil soles.

Otro de los denunciantes, Jimy Tarazona Espinoza, de la empresa Antaimar, que tampoco pudo participar en la licitación, señaló que aparentemente hubo direccionamiento, porque hay varios detalles que no debieron pasar en la evaluación. “El ganador no cumple con los requisitos, hay indicios de documentos falsos”, refirió.

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Krupskaia Beraún indicó que durante la intervención que causó sorpresa y preocupación en la sede regional, fueron atendidos por los gerentes de Infraestructura y Administración para proporcionar las copias de las documentaciones requeridas.

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