El Ministerio Público citó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que responda por las muertes que se registraron en distintas zonas del país, durante las protestas realizadas contra su gobierno, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La diligencia, que forma parte de la investigación que se le sigue a la mandataria por el presunto delito de genocidio, ha sido programada para el miércoles 31 de mayo, en la sede central de la Fiscalía de la Nación, ubicada en la avenida Abancay (Cercado de Lima).
Sin embargo, Boluarte, pidió aplazar la cita para el día siguiente. En un oficio dirigido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Boluarte Zegarra explica que el cambio de fecha se debe a que el día de la citación coincide con el Simulacro Nacional Multipeligro 2023 que se realizará a nivel nacional.
“De este modo, solicito se reprograme la diligencia para el día siguiente, 1 de junio, a fin de que se lleve a cabo de forma ininterrumpida y se garantice el pleno ejercicio de mi derecho a la defensa”, se lee en el documento.
Joseph Campos, abogado de la jefa de Estado, saludó la disposición de la Fiscalía y anunció que su patrocinada sí acudirá a la citación. “Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad”, precisó.
Campos recalcó que el Poder Ejecutivo ha pedido celeridad al Ministerio Público en las investigaciones sobre el saldo de al menos 60 fallecidos que dejó la jornada de protestas en el país, sobre todo en las regiones como Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac y Ayacucho.
“El Ejecutivo ha exhortado que cada institución haga su tarea para que se establezca quién se está demorando o quién no lo está haciendo. La investigación se debe desarrollar con objetividad y en el marco de las competencias de cada poder”, aseveró.
Si bien insistió en la inocencia de la presidenta, el letrado señaló que la investigación preliminar tiene un alto costo político para Boluarte a nivel nacional e internacional, en un contexto en que los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México) han cuestionado la legitimidad del gobierno peruano.
