El fiscal del tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, Marco Espíritu Matos, solicitó prisión preventiva de 18 meses contra el alcalde de José Crespo y Castillo (Aucayacu), Javier Bardales Porta, como presunto autor de la comisión de colusión agravada en el caso de la adjudicación del proyecto “Instalación del sistema de drenaje de Aucayacu” al consorcio San Sebastián de Aucayacu, al que otorgaron S/1’886, 989.28 de adelanto, pese a que no cumplía con los requisitos y haber entregado cartas fianza falsas.
El pedido, por la misma cantidad de tiempo, también es contra el miembro del comité de licitación Juan Diego Ortiz, los funcionarios Eli Luis León Morales, Pedro Monjaras Saldaña, Juan Diego Ortiz Aguirre y Leopoldo Urbano Salis; además del representante del referido consorcio, Fredy Concha Fernández, como presuntos cómplices.
El pedido fue planteado ayer ante el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco.
Recientemente el mismo fiscal dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria, en el que incluyó también a los otros miembros del comité de licitación: Carlos Paredes Polanco y Eloy Espinoza Salgado
Como informamos ayer, el caso tiene sus orígenes el 30 de noviembre del 2016, cuando la Municipalidad Distrital de José Creso y Castillo a cargo de Bardales Porta, otorgó la buena pro al referido consorcio, pese a que presentó su oferta sin acreditar los requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional, señalados en las bases del proceso de selección.
Lo grave en el hecho materia de investigación, es que para firmar el contrato el referido consorcio integrado por las empresas Intercon Contratistas Generales SAC y Ramón Moscoso Vargas Ingeniería y Construcciones, presentó cartas fianzas de fiel cumplimiento del Banco Interamericano de Finanzas (Banbif) falsas y fuera del plazo establecido –según las investigaciones- con anuencia y visto bueno del propio alcalde y de los funcionarios; con lo que logró que le otorguen el 10% del adelanto de la obra.
ALGO MAS
Según la fiscalía, los investigados tuvieron intervención directa en los hechos, en ejercicio de sus funciones, con un interés indebido para concertar, contratar al referido consorcio y defraudar al Estado.
