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La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión. La investigación inicia a raíz de las visitas a Palacio de Gobierno y a la casa de Breña de la empresaria Karelim López y a las subsecuentes adjudicaciones de contratos en Provías Descentralizado y Petroperú en la compra de biodiesel.
La investigación se enmarca en el artículo 117 de la Constitución y al antecedente del expresidente Martín Vizcarra, a quien también le investigaron durante su mandato.
Dicho artículo, establece que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
Zoraida Ávalos, habría dispuesto, la notificación de la resolución respectiva al presidente Castillo y al procurador general del Estado, Daniel Soria.