Ante la transferencia de 200 millones de soles para ser distribuidos en 1874 municipalidades entre provinciales y distritales de todo el país, el ex decano del Colegio de Abogados Huánuco, Dr. Hernán Cajusol Chepe, exige al Ministerio Público y Contraloría General de la República estar vigilantes con el correcto manejo de los recursos. “Con los antecedentes que gozan las instituciones en la administración de recursos y para evitar que dicha transferencia se convierta en un festín de unos cuantos sinvergüenzas, pido transparencia en los gastos”, dijo el ex decano al tiempo de pedir que los demás Colegios Profesionales se pronuncien, porque hasta el momento están demostrando una conducta temerosa y pasiva como si vivieran en otra galaxia.
Asimismo, recordó a los alcaldes de la región Huánuco que apropiarse de recursos destinados a programas de emergencia la pena es más grave. Detalló que por ejemplo de probarse el delito de peculado doloso, el funcionario será sancionado con 8 y 12 años de cárcel; mientras que el delito de peculado culposo, donde el funcionario que sin tener intención o por su negligencia o falta de control permite que otros se apropien de los recursos la pena es se 3 a 5 años de cárcel.
También hizo un llamado a la sociedad civil a estar vigilantes de los gastos que cada municipalidad realice en adelante.
AGREMIADOS. A través de su red social, Cajusol Chepe escribió: “me dirijo a ustedes para expresar mi preocupación por la inacción de nuestra orden ante los grandes problemas que vive nuestro país y el mundo por la pandemia del COVID-19 que viene cobrando vidas sin que la ciencia médica pueda lograr frenar esta peste; el gobierno acaba de decretar 13 días adicionales de aislamiento social dentro del estado de emergencia ya dispuesto, y preocupa la situación de muchos de nuestros agremiados que ejercen la profesión de manera libre, quienes se ven afectados directamente, sobre todo, aquellos colegas de avanzada edad y que no tienen un seguro médico”.
Ante dicha situación sugiere a la Junta Directiva que la Dirección de Seguridad Gremial, atienda a los abogados de avanzada edad y en condición de vulnerabilidad, con una ayuda con cargo a dar cuenta en Asamblea General; que terminado el periodo de aislamiento social, se convoque a una Asamblea General Extraordinaria, con la finalidad de tomar acuerdos, de que manera nuestra orden, puede brindar apoyo a sus agremiados sin excepción, conforme lo vienen planteando otros colegios de abogados, como por ejemplo exoneración de cuotas de habilidad o entrega de bonos u otras medidas que la magna asamblea decida.
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Respecto a la distribución del dinero que hoy fue transferido a los municipios, el presidente de la República, dijo que los alcaldes serán los encargados de adquirir y distribuir artículos de primera necesidad de la canasta básica familiar a las personas realmente vulnerables.
