El TC declaró infundada demanda competencial sobre el cierre del Congreso.

La decisión fue adoptada por mayoría y a mano alzada, al conseguir cuatro votos a favor de rechazar el recurso presentado por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.

El colegiado de jueces constitucionales decidió por mayoría simple declarar infundado el recurso planteado por el presidente de la Comisión Permanente. La votación quedó con cuatro votos a favor y tres en contra.

Los magistrados Eloy Espinoza-SaldañaManuel Miranda y Marianella Ledesma, presidenta del TC, respaldaron la potencia de su colega Carlos Ramos, quien avaló la disolución del parlamento por considerar que “si tuvo lugar” la denegación de la confianza al Gabinete que encabezó Salvador del Solar, el pasado 30 de setiembre.
En contra de esta decisión votaron los magistrados Augusto Ferrero, José Luis Sardón de Taboada y Ernesto Blume, extitular del Tribunal Constitucional.
“Considero que la denegación de confianza se dio de una forma clara e indubitable; se produjo el 30 de septiembre cuando pese a la solicitud planteada por el presidente del Consejo de Ministros en el sentido de suspender el proceso de elección de magistrados, el Pleno del Congreso decidió continuar con la agenda programada para dicha sesión”, manifestó Marianella Ledesma, durante la deliberación.
Por su parte, Ernesto Blume, propuso que se vote de manera singular los extremos de la demanda debido a que dentro de cada postura habrían desacuerdos sobre determinados detalles.

“He escuchado varias opiniones aquí –incluso de los que están de acuerdo con la ponencia- que consideran que además se deben fijar criterios; eso significa que la ponencia no tiene el apoyo completo que aún coincidiendo con la parte de que es infundada la demanda estima que se deben fijar criterios”, dijo.

“El Poder Ejecutivo contaba con competencia para plantear una cuestión de confianza tanto para proponer una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional como para solicitar la postergación de la elección de magistrados, lo cual obedecía una especial coyuntura política que aún atraviesa el país. […] En la medida en que el Congreso decidió no suspender dicho acto es evidente que decidió denegar la confianza al Poder Ejecutivo”, expresó Carlos Ramos, como parte de su ponencia.

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