Dinero y diversos bienes incautados a personas sentenciadas por delitos de corrupción y otros ilícitos, que suman un valor de 7.2 millones de dólares, pasaron a manos del Estado, por intermedio de gestiones efectuadas por el Ministerio Público.
Para lograr la captación del dinero, se apeló a la aplicación de la figura legal de la extinción de dominio, indicó el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Wilfredo Avellaneda. El monto mencionado responde a lo procesado en los últimos dos meses.
De esta forma, el Estado recibe la titularidad de estos bienes, que comprenden a inmuebles, vehículos y dinero, y que provienen de ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas.
Al abarcar este ámbito, se golpea a personas y organizaciones que delinquen “en donde más les duele: directamente en su patrimonio”, señaló el fiscal Avellaneda.
“Afectamos su capacidad para seguir cometiendo ilícitos penales y desincentivamos aquella idea errónea de que los sentenciados pueden disfrutar de los bienes adquiridos con dinero ilícito una vez cumplida su condena”, dijo.
Parte del dinero incautado corresponde a dos cuentas del excomandante general de la Marina, Antonio Ibárcena, existentes en un banco suizo y cuyos depósitos ascendían en conjunto a 3.5 millones de dólares. Este dinero se hallaba a nombre de la Fundación San Benito e iba a beneficio de la exesposa e hijo del exmilitar, vinculado a Vladimiro Montesinos durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori.
En julio también se aplicó la extinción de dominio en dos inmuebles valorizados en 1.4 millones de dólares registrados a nombre de la esposa del exgobernador regional del Callao, Félix Moreno. Estos se encuentran en Surco y Cerro Azul.
En agosto, fueron transferidos 10 inmuebles y tres vehículos valorizados en 2.3 millones de dólares, pertenecientes a una red de proxenetismo y lavado de activos, precisó Avellaneda.
Desde 2019 han interpuesto medidas cautelares sobre bienes de esa índole, por un valor de aproximadamente 422 millones de dólares, añadió el fiscal. “Esos bienes no pueden ser liquidados, sino que pasarán a poder del Estado una vez concluyan los procesos judiciales”, refirió.
