El diario La República da cuenta que Pedro Olaechea, Karina Beteta, Salvador Heresi y Marvin Palma, titulares de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía de la Nación por la aprobación del Programa de Incentivos por Retiro Voluntario en el Congreso.
El medio nacional indica que la denuncia fue interpuesta por el abogado Raul Arca Aranibar, quien acusa a los miembros del disuelto Congreso de haber incurrido en el delito de corrupción de funcionarios.
La acusación del letrado contra Olaechea, Beteta, Heresi y Palma indica que estos cometieron tráfico de influencias en concurso real y usurpación de funciones en calidad de abuso de autoridad.
La información refiere que para ejecutar este plan de retiros voluntarios, la Comisión Permanente del disuelto Congreso desembolsó cerca de 20 millones de soles destinados al pago de los trabajadores beneficiarios.
Sobre el tema, según informó América Noticias, a cada uno de los 52 trabajadores que han accedido a este programa, se les ha otorgado un incentivo que va desde los 300 mil hasta el millón y medio de soles.
Entre los denunciados también se cuentan al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, quien fue nombrado por Pedro Olaechea; Lucy Huaytalla, jefa de Recursos Humanos; y Samuel Morales, director de Administración del Congreso.
Como prueba de la comisión de los delitos que imputa, el abogado remitió al despacho de la Fiscalía de la Nación, que dirige la doctora Zoraida Ávalos, la copia del Acuerdo Plenario “ilegal que los denunciados tomaron para aprobar el Programa de incentivos por Retiro Voluntario PIRV a beneficiarios con rango de edades de 60 a 68 años y 11 meses”.
“Esta prueba instrumental demuestra que los denunciados sesionaron de manera ilegal. El fin es la extracción de millones de soles de manera ilegal para sus trabajadores adictos a Keiko Fujimori”, señala en su documento el denunciante.
