La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó una denuncia contra la congresista Rosio Torres por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. Por irónico que parece, esta parlamentaria de las filas de Alianza para el Progreso (APP), integraba hasta ayer la Comisión de Ética del desprestigiado Parlamento.
La denuncia, interpuesta por la PGE, ocurre luego de que el dominical Punto Final expusiera que la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) habría obligado a sus trabajadores o extrabajadores a depositar parte de sus sueldos para su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.
En el reportaje periodístico se menciona el caso de Cecilia Salazar Mattos, quien fue asesora de Torres desde julio de 2021 hasta agosto del año pasado, y en ese periodo transfirió al familiar de la parlamentaria cerca de S/ 24 562.
De acuerdo con Punto Final, Jesús Sierra Tapia, asesor principal de Rosio Torres, transfirió S/ 4 400 en junio pasado al mismo familiar de Torres. Tanto Sierra Tapia, como Salazar Mattos, han preferido no confirmar las entregas de dinero.
Por su parte, una trabajadora de la congresista, cuyo nombre fue reservado, entregó al programa e televisión un comprobante de la transferencia que hizo a la cuenta de Juan Daniel Pérez por S/ 6 850. Además, reveló que la parlamentaria y su sobrino obligaban a que la “colaboración” sea de hasta un tercio del salario del trabajador, y que el monto se duplica en meses en los que el Congreso les paga gratificaciones y escolaridad.
Abigail García Díaz, quien se desempeñó como auxiliar de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida entonces por Torres, registra una transferencia de S/ 2 000 a una cuenta de Pérez.
Se suman César Macedo Von Bancels, asistente del despacho de Torres, quien transfiere S/ 1 000 mensuales al mismo familiar de Torres; y Estefanía Calvo Zúñiga, quien registra un depósito por S/ 2 000.
Luego de la denuncia periodística, la bancada de Alianza Para el Progreso retiró a Rosio Torres de la Comisión de Ética.
