Tras ablandar las restricciones sociales en el marco de la emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo anunció que, con el apoyo del presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, del Roberto Castillo Velarde; se retomaron las sesiones de trabajo de la Comisión Regional Anticorrupción, para evaluar políticas a corto, mediano y largo plazo para la prevención y lucha contra la corrupción.
En reunión del 14 de setiembre, los integrantes acordaron: sincerar los datos estadísticos de las investigaciones preliminares, preparatoria, intermedia y juicio oral entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, con la finalidad de establecer la carga procesal real en el trámite e identificar los casos emblemáticos.
También fortalecer el apoyo de peritos especializados (contadores, ingenieros civiles, ingenieros de sistemas, arquitectos, economistas, administradores), para el cual requieren el apoyo técnico de la Contraloría General de la República. Además, solicitarán a la Fiscalía de la Nación el apoyo con peritos especializados en contrataciones del Estado.
Finalmente, establecer una iniciativa legislativa para modificar la normativa de la Contraloría que limita a realizar pericias en casos ya judicializados.
Fue la jefa de la Defensoría del Pueblo, Lizbeth Yllanes Nauca, quien solicitó al presidente de la Junta de Fiscales Superiores adoptar medidas inmediatas, entre ellos retomar las reuniones de la referida comisión, por involucrar incluso a representantes del gobierno regional.
Según la Defensoría, al 31 de diciembre de 2020 se registraron 1638 casos por presuntos delitos de corrupción en Huánuco, lo cual refleja un incremento del 43 % a diferencia del 2018. Según la Contraloría General de la República, la región Huánuco registra más de 426.6 millones de soles de pérdidas por hechos de corrupción en el último año.
