Para hoy a las 3:00 de la tarde está programado la audiencia de apelación a los 18 meses de prisión preventiva dictada el 25 de marzo del presente año contra el suspendido gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, el empresario Luis Bedregal Gonzáles y la ex gerente de Desarrollo Social, Luz Janeth Rodríguez Ramos, investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Huánuco.
Los jueces superiores que resolverán el recurso de apelación son Eloy Cupe Calcina, presidente y director de debates, Ángel Gómez Vargas y Samuel Santos Espinoza, quienes escucharán los argumentos de la defensa de cada uno de los investigados que a la fecha están como no habidos y el Ministerio del Interior está ofreciendo 20 y 30 mil soles de recompensa por su ubicación y captura.
CASO. La investigación de la Contraloría de la República está resumida en 15 tomos, en el que intervinieron ingenieros de sistemas, abogados y auditores, quienes revisaron uno a uno los documentos, órdenes de compra, oficios, memorándums, etc., relacionado al proyecto de inversión denominado: “Mejoramiento de los servicios pedagógicos de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación Huánuco” del Gobierno Regional de Huánuco que consistió en la compra de 7995 computadoras portátiles a la empresa Pomme Corporativo SRL.
Según el informe, Juan Alvarado Cornelio, Luz Rodríguez Ramos, Luis Briceño Jara, Ada Gonzáles Soto, Limber García Tafur, Eden Kaid Lavado Loarte, Fredy Hernando Nájera Valentín, Luis Felipe Serna Acosta, Diego Hugo Bances Ballon y Luis Bedregal Gonzáles habrían direccionado la compra y que las laptops sean de una determinada marca y modelo, sin tener los equipamientos preexistentes.
Las computadoras fueron importadas con diferentes características a las requeridas y antes de ser entregadas a los docentes, fueron reensambladas, esto debido que el peritaje determinó que reemplazaron los discos duros de 256 gigabytes (GB) que eran de fábrica, por otros de mayor capacidad de almacenamiento (1 terabyte) requerida en la orden de compra. Asimismo, las computadoras fueron adulteradas, esto debido que cambiaron el número de la placa base del ordenador con la finalidad de que cumpla con las características requeridas.
Según el informe de Contraloría y el cual fue tomado por el fiscal Iván Carrión Cabrera, los funcionarios del gobierno regional incluidos en la investigación dieron conformidad a la recepción de 7995 computadoras portátiles, a pesar de que no fueron entregadas con todos los programas de cómputo solicitados y registraba un faltante de 104 equipos de cómputo. Los responsables habrían transgredido la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual afectó la correcta contratación pública y la transparencia en el uso de los recursos públicos, situación que generó un perjuicio a la entidad por 23 225 490,04 de soles.
