Luego de casi diez meses que el fiscal Anticorrupción, Marco Espíritu Matos, formuló acusación; para mañana está previsto la audiencia de control de acusación sobre el caso de las valorizaciones ficticias en el que están implicados el ex mandatario regional, Luis Picón y diez de sus funcionarios.
La imputación es el delito de peculado doloso agravado. El fiscal planteo diez años de pena privativa de libertad e inhabilitación para la función pública para Picón Quedo, Fernán Panduro Panduro, Abel Terry Egúsquiza, Rogelino Guzmán Jiménez, Francisco Yalico Trujillo y Napoleón Carlos Huamán; como presuntos autores. Además de Oscar Colmenares Zapata, Lizardo Lazo Pacheco, Esteban Pavletich Figueroa, Eloy Alzamora Morales y Miguel Espinoza Haro, como cómplices primarios.
CASO EMBLEMÁTICO. En el 2012, por acuerdo de directorio habilitaron el presupuesto de 124 millones 567 mil 301 soles a favor de diferentes obras que el gobierno regional ejecutaba durante el ejercicio fiscal de ese año, a fin de que dicho dinero sea devengado y pagado a los contratistas, “no obstante tener pleno conocimiento que las obras a que correspondían dichos presupuestos, estaban paralizadas, inconclusas y otras aún no habían iniciado su ejecución”.
Los pagos a los contratistas fueron hechos entre enero y marzo del 2013, por obras que no tenían valorizaciones y tampoco existía conformidad de los servicios.
Según la investigación fiscal, el ilegal movimiento asciende a 86 millones 914 mil 513 soles. En varios casos no salió de la esfera de custodia del Estado; pero hubo otros en este mismo cuadro, que pagaron hasta por 2 millones 879 mil 97 soles, en forma indebida e ilícita a empresas que luego de tener el dinero en su poder, en uno de esos hasta por más de un mes, volvieron a depositar a una cuenta de fiel cumplimiento del gobierno regional.
La explicación fue, evitar la reversión de presupuesto al erario nacional.
La acusación fiscal ingresó el 21 de agosto del 2017 al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Amarilis, de donde fue derivado al juzgado especializado para delitos de corrupción de funcionarios. El control de acusación será visto por el magistrado Elmer Contreras.
ALGO MAS
En el 2015, este caso fue de conocimiento de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que estableció el pago ilícito de 86 millones de soles a diferentes empresas contratistas por 49 obras abandonadas
