La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema presidida por el juez Horacio Daniel Rosatti, declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la defensa del exgobernador de Huánuco, Juan Manuel Alvarado Cornelio, quien está en la clandestinidad desde el 25 de marzo del 2022, luego de que el juez Elmer Contreras, dictará 18 meses de prisión preventiva en su contra por la compra de 7995 laptops que habrían generado un perjuicio al Estado de S/ 23 millones.
El pedido de revocación de la prisión preventiva, fue presentado por el abogado Ronald Illatopa Machuca, quien argumentó interpretación errónea de la doctrina jurisprudencial, pues se habrían desvirtuado los graves y fundados elementos de convicción. También, argumentaron violación de las garantías del proceso y, que, no se habría tomado en cuenta el trámite de una licitación por catálogos electrónicos de Perú Compras, antes de que Juan Alvarado firmará la Resolución Ejecutiva Regional n° 897-2019.
De acuerdo con la defensa del exmandatario, está fue la última instancia para que pudieran remover el requerimiento de prisión preventiva, por lo que continuará en la clandestinidad.
En conversaciones con Tu Diario, el abogado de Alvarado, informó que, a la fecha, no han acudido a las tres citaciones del fiscal los miembros de la comisión auditora que elaboraron el informe de auditoría de cumplimiento n° 29224-2021-CG/GRHC-AC, en el que presumieron que los funcionarios del gobierno regional habrían direccionado la adquisición para que las laptops sean de una determinada marca y modelo.
La inconcurrencia de los miembros de la comisión auditora (Yanina Ruth Jorge Esteban jefa de la comisión auditora; Edison Rodolfo Palomino Cahuyanqui, supervisor de la comisión auditora; Víctor Ulises Azañedo Ramírez, abogado de la comisión auditora), conlleva a que, el fiscal Iván Carrión este solicitando su presencia en las audiencias bajo apercibimiento, con conducción de grado y fuerza. Tampoco están asistiendo los ingenieros de sistemas Jorge Antonio Vega Valentín y Jhon Alberto Figueroa Meneses, quienes también serán citados por última vez bajo apercibimiento.
“En mérito al informe de ellos (Contraloría de la República), la fiscalía solicitó la prisión preventiva y el Poder Judicial les concedió”, dijo Illatopa Machuca, quien cuestionó la inasistencia de los miembros comisión auditora, pues les afectaría en el hecho de no poder ejercer la defensa de su patrocinado. Además, aseguró que todos los antes citados continúan laborando en la Contraloría General de la República.
De acuerdo a la comisión auditora, las computadoras fueron importadas con diferentes características a las requeridas. Antes de su entrega a los docentes, fueron reensambladas, se les reemplazaron los discos duros de 256 gigabytes (GB), que eran de fábrica, por otros de mayor capacidad de almacenamiento (1 terabyte). Asimismo, estas computadoras fueron adulteradas: cambiaron el número de la placa base del ordenador con la finalidad de que cumpliera con las características requeridas de la orden de compra emitida por la entidad.
También, señalaron que, los funcionarios del gobierno regional dieron la conformidad a la recepción de 7 995 computadoras portátiles, a pesar de que no fueron entregadas con todos los programas de cómputo solicitados y se registraba un faltante de 104 equipos de cómputo. De acuerdo al informe de control, los responsables transgredieron la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual afectó la correcta contratación pública y la transparencia en el uso de los recursos públicos, situación que generó un perjuicio a la entidad por S/ 23 225 490,04.
Asimismo, concluyeron en que el profesional contratado como especialista en desarrollo de sistemas, quien firmó y elaboró el informe de estandarización, y también verificó las computadoras, habría presentado documentación falsa respecto a su título profesional, colegiatura y habilitación vigente. Por lo tanto, no cumplía con las condiciones para el puesto.
