En sesión de Consejo Regional desarrollada ayer, fue aprobado con trece votos a favor y seis abstenciones el proyecto de ordenanza presentad por consejero delegado Juan Ferrer Fabián, para que el Gobierno Regional de Huánuco a través de sus entes respectivos, atienda de manera directa la deuda social con los maestros.
Ferrer sustento que el objetivo es evitar los procesos judiciales, ya que existen innumerables procesos interpuestos por docentes que reclaman el cumplimento del pago de la deuda social. Para evitar ello, establece que la Dirección Regional de Educación y las once Ugel realicen las liquidaciones de las bonificaciones.
El también consejero por Huánuco, manifestó ante el pleno, que para presentar la ordenanza tuvo mesas de trabajo con funcionarios de la dirección de Educación, de las Ugel, la procuraduría publica regional, la oficina regional de asesoría jurídica y el propio gobernador regional, a fin de solucionar los problemas de los beneficiarios con la ley del profesorado.
Cuando el tema entro en debate el consejero Iván Albornoz, sostuvo que no era pertinente que se aprobara el proyecto ordenanza, pues señalo que no apoyaría a todos los docentes sino que sería una traba más. “La mayoría de docentes ya tiene procesos judiciales, un buen porcentaje ya tiene sentencias consentidas”, dijo.
Al defender su posición, el consejero delegado sustentó que los más favorecidos son los abogados y los más perjudicados son los docentes, ya que tienen que pagar al abogado de manera continua pues el proceso judicial es amplio.
Mientras que, Albornoz, pedía que recabe más información sobre los procesos que existen de los docentes en la vía judicial. La mayoría opto porque se decida en el momento.
Los consejeros por mayoría acoraron que realicen el cálculo sobre la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, así como la bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión.
La medida dispone el reintegro de asignación por cumplir 20, 25 y 30 años de servicio prestados al Estado y el pago de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, sobre el valor de la remuneración mensual total, no requiriéndose de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada, para lo que deberán tener presente la jurisprudencia de casación N°687-2013-Lambayeque.
Para el cumplimiento, encargan al órgano ejecutivo del gobierno regional establecer requisitos, procedimientos y otros, para facilitar a los maestros el reconocimiento de la deuda social.
