Mediante un comunicado público, el Comité de Lucha por el Agua anuncia que, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se instalará una mesa de trabajo este viernes 13 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Unheval.
En el encuentro se hará presente el viceministro de Construcción y Saneamiento junto con una comitiva de alto nivel del Ejecutivo; y participarán autoridades regionales y locales (tanto actuales como electas), así como una delegación técnica y legal de la sociedad civil organizada.
En el documento hacen conocer su rechazo a la exclusión de la sociedad civil en la mesa interinstitucional promovida por la diputada Karina Beteta, por considerarla un espacio excluyente que ignora los problemas estructurales de la población.
Manifiestan que no participarán de dicho proceso y desconocerán cualquier acuerdo que pretenda vulnerar las demandas del pueblo; y que están prestos a emprender nuevas jornadas de protesta contra la crisis del agua y frente a la pretensión de imponer soluciones facilistas.
Asimismo, descartan cualquier injerencia u oportunismo político por parte de agrupaciones partidarias o representantes del Estado en esta lucha ciudadana. Exigen la solución definitiva a su plataforma de lucha, la cual prioriza demandas urgentes como la prevención del desabastecimiento de agua durante el Fenómeno El Niño, mejora inmediata de la calidad y salubridad del agua potable, y el cese de cobros indebidos.
El comité exhorta a la población huanuqueña a mantener la unidad y respaldar los espacios de diálogo que buscan soluciones inmediatas sin condicionamientos. Advirtieron que, de no lograrse avances, anunciarán nuevas medidas de fuerza en defensa de derechos fundamentales como el acceso a agua potable segura, un servicio eficiente, tarifas más justas y la salud pública.
Finalmente, destacaron que el paro preventivo del pasado 4 de noviembre reflejó la indignación y unidad de la población frente a los abusos atribuidos a Seda Huánuco y a la intervención del OTASS, a quienes acusan de atentar contra la salud y economía local ante la pasividad de las autoridades regionales y municipales.
