Con fecha 10 de marzo del presente año, mediante un memorial firmado por el alcalde del distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, Michael Rubio Gabriel; alcaldes de los poblados de Agua Blanca, Palo de Acero, Sachavaca, Manchuria, Cachicoto, Tazo Grande, Cuyaco, Cashapampa, San Cristóbal, Caunarapa, Maravillas y Chipaco; presidente de las juntas vecinales y sociedad civil; están solicitando de manera urgente al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, la suspensión de la erradicación de la hoja de coca en el Valle del Monzón.
Asimismo, piden que el presupuesto que el gobierno destina al Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH) sea transferido a la municipalidad de Monzón.
Las autoridades exigen mayor presencia del Estado a través de los diferentes ministerios aplicando un plan estratégico de desarrollo que permita la solución de los problemas de manera integral y sostenida.
En el documento de más de tres páginas, las autoridades explican que las instituciones nacionales vinculadas directamente con la problemática cocalera como es Devida, Enaco y Ministerio del Interior a través del programa del programa especial Corah, no disponen de una metodología propia para efectuar la medición de las áreas cocaleras, ni tienen datos estadísticos propios.
En el memorial, recuerdan que por más de 15 años el gobierno está aplicando sistemáticamente la erradicación compulsiva de la hoja de coca en el valle del Monzón; en paralelo han implementado programas de desarrollo alternativo para mejorar el nivel socio económico y calidad de vida de los pobladores, pero a la fecha no hay resultados, porque no refleja un impacto positivo en la mitigación de la economía y por el contrario arroja indicadores negativos y la extrema pobreza permanece. Indican también que el Estado no pudo enfrentar los efectos adversos que dejan la erradicación forzosa, muchas de ellos plagados a la violencia familiar y desintegración de hogares.
“Los indicadores negativos como la anemia y desnutrición crónica en los niños son por la ausencia de la economía familiar”, dice parte del documento que lleva las firmas de todas las autoridades.
En el documento hacen referencia al padrón de productores de hoja de coca a cargo de Enaco, el cual fue elaborado por mandato de decreto Ley n° 22095. El padrón elaborado en 1978 tiene registrado a 25 mil 149 productores de coca, distribuidos en 12 departamentos que explotaban 47916 hectáreas de cultivos de hoja de coca con una producción declarada de 9,747.056 kilos y un rendimiento aproximado de 544.04 kilos con tres cosechas anuales. De los 25,149 productores empadronados en 1978 a la fecha solo queda 14,108 activos.
Explican que desde el 2014 que erradicaron la hoja de coca en el valle del Monzón, los pobladores afrontan una crisis económica en la zona rural, debido a la ausencia de una economía rentable alternativa al cultivo de la coca.
Pese a ciertos resultados obtenidos coyunturalmente, la política de sustitución de cultivo de la coca no es sostenible debido a una intervención débil y desarticulada del Estado que, no ha permitido reducir en forma duradera y sostenible, la dependencia económica a los cultivos ilícitos y la economía lícita por parte de cientos de productores.
Señalan que Devida destina a través del Corah, 140 millones de soles para la erradicación de los cultivos de coca en el Perú; 95 millones del fisco nacional y 45 millones de soles provenientes de fondos extranjeros, también para la erradicación de la coca. En otro punto del documento revela que existen dos modalidades de reducción de áreas de cultivos de coca: la primera erradicación programada o forzada y es lo que estaría ocurriendo en el valle del Monzón y la segunda eliminación gradual y voluntaria.
Los firmantes del memorial, recomiendan adoptar una nueva estrategia liderada por el gobierno local y que involucra a la sociedad civil organizada y mayor cooperación internacional.
