La Comisión Permanente del Congreso de la República declaró admitir a trámite por procedente las denuncias constitucionales contra las congresistas Rosio Torres (Alianza para el Progreso), Katy Ugarte (no agrupada), Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso) y María Acuña (Alianza para el Progreso), quienes son acusadas de haberle recortado el sueldo a sus trabajadores.
El grupo de trabajo aprobó por unanimidad el ingreso a trámite todas las denuncias que recaen sobre las cuatro legisladoras.
Por consiguiente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) tendrá 15 días hábiles para que realice las investigaciones pertinentes y presente el informe final de las denuncias constitucionales respectivas.
Las cuatro legisladoras, involucradas en el ‘caso Recorta sueldos’, son actualmente investigadas por la Fiscalía de la Nación y acusadas por el presunto delito de concusión, establecido en el Artículo 382 del Código Penal. Asimismo, se les acusa de una supuesta infracción a los Artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución.
OTROS. En otro momento la Comisión Permanente aprobó admitir a trámite por procedente la denuncia constitucional formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Orlando Velásquez, exconsejero del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado.
Lo mismo ocurrió con la denuncia constitucional formulada por la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Betssy Chávez en su condición de congresista, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, y ministra de Cultura.
Chávez es acusada de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.
Además, se aprobó admitir a trámite la denuncia de la fiscal Benavides contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra; y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por la posible comisión del delito de concusión.
