La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Huánuco integrada por los magistrados Richard Ninaquispe Chávez, Yofré Castillo Barreto y Angélica Aquino Suárez tiene por resolver más de diez sentencias por corrupción con reos en cárcel y libres. Uno de los recientes casos visto por dicho órgano de justicia, es contra la catedrática de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Amanda Omonte Vilca, quien en noviembre del 2019 fue condenada a seis años de cárcel por cohecho pasivo.
La audiencia virtual de apelación fue realizada el 16 de octubre del presente año y está en manos de los vocales confirmar el fallo emitido en primera instancia por el juez Luis Pasquel Paredes o declarar nula o absolver como hicieron en los casos del odontólogo Luis Alberto Baldeón Valladares y Richard Yalán Borunda.
Recordemos que Omonte Vilca, fue detenida el 21 de setiembre del 2017 en flagrancia delictiva, luego de recibir 500 de los 5 mil soles que había solicitado a tres alumnas para aprobar el proyecto de tesis.
OTROS CASOS. El Suboficial Técnico de Primera (ST1) de la Policía, Julio César Guevara Mamani, sentenciado a siete años de cárcel por el delito de concusión, es otro reo en cárcel que espera que la Sala de Apelaciones resuelva su caso. En abril del 2019, el ex instructor de la Escuela Policial de Santa María del Valle, fue hallado culpable de solicitar 40 mil soles para asegurar su ingreso a la Policía de dos postulantes.
Otra sentencia por corrupción apelada ante la segunda instancia es del catedrático de la Universidad Nacional de la Selva (UNAS), Sandro Ruíz Castre, quien en enero del 2020 fue condenado a seis años de cárcel tras ser hallado culpable del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio. El docente de Facultad de Recursos Naturales Renovables, fue denunciado por la estudiante Evelyn Bruno Ruíz de haberla solicitado 150 soles para aprobar el curso de análisis de agua.
El exalcalde del distrito de San Pedro de Chaulán, Edgardo Sosa Ramírez, es otro de los internos del penal de Potracancha que espera que los magistrados resuelvan su apelación a la condena de ocho años de cárcel y al pago de 130 mil soles tras ser hallado culpable del delito de peculado doloso.
REOS LIBRES. También están los sentenciados por corrupción, cuya ejecución de la pena fue suspendida hasta que la Sala resuelva su apelación. Está, el caso de la suboficial de la Policía, María Elena Cornelio Susanibar, condenada a seis años de cárcel por cohecho pasivo propio. La audiencia de apelación estaba programada para mayo del 2020, pero por la pandemia dicha diligencia fue reprogramada, pero hasta ayer no había fecha.
Otro policía que espera el pronunciamiento de los integrantes de la Sala de Apelaciones es Pedro Arturo Flores Labán, quien en enero del presente año fue condenado a seis años de cárcel tras ser hallado culpable del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
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Otro sentenciado por corrupción que desde la clandestinidad espera que la Sala revise su caso, es el exdirector de Transportes y Comunicaciones, Lucio Romero Cóndor.
