Los jueces superiores de la Sala Penal de Apelaciones Permanente de Huánuco, revocaron la pena de 5 años de cárcel efectiva a 4 años de pena suspendida, para las suboficiales de la Policía: Josselynt Aguilar del Águila y Katherine Nátaly Fuster Maldonado, por el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado representado por la Policía Nacional.
Ambas agentes fueron sentenciadas por el juzgado de primera instancia en octubre del 2022, pero la ejecución de la condena fue suspendida hasta que la Sala resuelva el recurso de apelación presentada por la defensa técnica, por lo que permanecieron en libertad. Sin embargo, tras un proceso administrativo por parte de la institución policial, fueron pasadas al retiro.
Apelado el fallo de primera instancia, luego de evaluar los argumentos de los abogados y la fiscalía vista en audiencia pública, el colegiado superior consideró que ‘no existe infracción constitucional a la debida motivación que incline por una decisión inhibitoria, por tanto, es de confirmar la sentencia en cuanto al juicio de culpabilidad’, sin embargo, explican que ‘existen condiciones procesales para decidir por la suspensión condicional de la pena privativa de libertad, esto porque ambas no registran antecedentes penales, y resulta aconsejable imponer una pena condicional por el plazo de 4 años, bajo reglas de conducta’.
CASO. En noviembre de 2017, el postulante Berchesman Palomino Espinoza participaba en el proceso de admisión en la Escuela Policial del Valle, y en esas circunstancias, su hermano Odalíe Alejo conoció a Josselynt Aguilar con quien inició una relación sentimental.
Aprovechando la confianza, Odalíe comentó a su pareja que su hermano estaba postulando a la Escuela Policial y temía que no pueda ingresar, y es donde la ahora sentenciada ofreció apoyarlo asegurando que conocía al director y que a cambio debía entregar 20 mil soles, pero luego el monto fue rebajado a 18 mil.
El acuerdo fue que, el primer pago sería de 10 mil esto antes de la entrevista personal desarrollado el 7 de diciembre y el segundo de 8 mil antes de los exámenes psicométrico y de conocimiento a desarrollarse el 16 y 17 de diciembre. La misma propuesta fue realizada a Filomena Vicenta Espinoza Palacín (mamá del postulante) a través de una llamada telefónica, cuya evidencia fue presentada ante las autoridades.
El 1 de diciembre, Odalíe Alejo, quien era estudiante de tercer año en la Escuela Policial y estaba realizando sus prácticas en la comisaría de Cayhuayna recibió una llamada de su enamorada la suboficial Josselynt, quien le dijo que la suboficial Katherine Fuster iba a recoger el dinero, porque ella sabía todo el movimiento, y es donde su hermano y madre entregaron a la referida agente 10 mil soles.
Ese mismo día, Fuster Maldonado fue a depositar 9,700 soles a la cuenta de su co-acusada en el Scotiabank, quedándose con 300 soles que era su ganancia por su colaboración en el delito. El 3 de diciembre fue desarrollado el examen físico, donde el postulante Berchesman obtuvo 14, luego el 7 de diciembre fue la entrevista personal, donde el aspirante obtuvo la nota de 13 quedando apto para los exámenes psicométrico y de conocimiento.
Con el resultado de la entrevista personal, el 8 de diciembre Palomino Espinoza recibió la llamada de Aguilar, quien refirió que estaba cumpliendo con su hermano y debe preocuparse por el segundo pago de 8 mil soles, y a tanta insistencia la mamá sacó un préstamo de una caja municipal, y el 15 de diciembre volvió a llamar diciendo que el examen sería en unos días y pidió la dirección de su casa, porque su colega Fuster iría a recoger el dinero.
Como en el primero caso, la ahora sentenciada depositó 7,400 soles en el Scotiabank, quedándose con 600 soles. Pese que pagaron el dinero pactado, Berchesman Palomino no ingresó y es donde empezaron los problemas para ambas policías que fueron denunciadas ante la policía y fiscalía Anticorrupción.
La fiscal a cargo del caso tramitó la detención preliminar de Fuster Maldonado, luego de las diligencias presentó el requerimiento de prisión preventiva, pero el juez declaró infundado dictando comparecencia con restricciones.
ALGO +
Las suboficiales que cumplían reglas de conducta fueron pasadas a la situación de retiro y según la última sentencia deberán pagar una reparación civil de 26 mil soles en un plazo de 24 meses a favor del Estado.
