Cómo parte de las diligencias de esclarecimiento de los hechos, los suboficiales de la Policía, Jhon Enrique Bernales Alvarado y Western Prikker Acuy Gutiérrez fueron trasladados a la sede la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Huánuco, ubicado en el jirón 28 de julio. El objetivo era que la fiscal a cargo del caso recabe sus declaraciones.
Ya en el despacho de la fiscal Luz Sánchez Figueroa, los policías hicieron uso de su derecho de no declarar y guardaron silencio, hecho que quedó plasmado en el documento. Culminado la diligencia, los agentes fueron trasladados hasta el complejo judicial de Pillco Marca, dónde permanecen detenidos.
Entre tanto la detención preliminar de 72 horas cumple mañana, pero la fiscal a cargo del caso estaría evaluando si presenta o no el requerimiento de prisión preventiva para Arenales y Acuy, investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
CASO. El 7 de agosto del 2024, un ciudadano que estaba al volante de una camioneta Suzuki fue intervenido por los suboficiales Jhon Enrique y Western Prikker, quienes le pidieron sus documentos, pero al descubrir que no tenía completo le dijeron que irían al depósito.
En el trayecto le habrían hablado sobre el costo de una papeleta por no tener licencia y otras sanciones que le correspondería por lo que le propusieron pagar 400 soles, pero ante la negativa bajaron a 200 y es dónde el conductor le habría propuesto dar 100 que era lo que tenía a la mano.
Parte de la conversación fue grabada y entregada como evidencia del acto de corrupción, elemento que fue valorado por el juez para dictar la medida coercitiva de ambos investigados.
Allegados a los policías, dijeron que el conductor habría denunciado en represalia porque su vehículo fue internado en el depósito municipal e incluso le impusieron papeleta. «El caso fue denunciado en la comisaría de Tingo María el 2024, pero como era un tema de corrupción remitieron a la fiscalía Anticorrupción», indicó.
Dijo que el denunciante tras reportar el caso desapareció, por lo que considera que al no haber más evidencias que su declaración, su pariente debe salir en libertad al cumplir las 72 horas de detención preliminar.
