Investigan caso de joven que murió aplastado por anaqueles de archivo de la Corte Superior de Justicia de Huánuco

Ayer, agentes del Departamento de Investigación Criminal junto a personal de Sunafil y un fiscal llegaron al local ubicado en jirón Los Manglares Lote, en Amarilis e incautaron 12 anaqueles que serán sometidos a pericias físicas y así determinar el grado de responsabilidad de la empresa encargada del armado y desarmado del material para el almacén del archivo general de la Corte Superior de Justicia de Huánuco.

La diligencia fue realizada debido que los sobrevivientes de lo ocurrido la tarde del 3 de noviembre, declararon que los metales que sostenían a los expedientes no habrían estado bien puestos (mal soldados, algunos tenían puesto un solo tuerca), razón por el cual terminó aplastando a nueve personas, de los cuales uno resultó con fractura de la pierna, mientras que Rafael Alexander Acosta Malpartida (21) murió aplastado por los documentos.

Mientras las diligencias para esclarecer la absurda muerte del estudiante de Senati continúan, Tu diario pudo conocer que la empresa Corporación Pablo EIRL funciona en Huánuco desde el 1 de noviembre del 2016 en las siguientes actividades: fabricación de productos metálicos para uso estructural; venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco; transporte de carga por carretera.

Según el número de Ruc de la empresa, el gerente general es José Edmundo Pablo Chávez y está empadronada en el Registro Nacional de Proveedores para hacer contrataciones con el Estado Peruano y es por eso que habría ganado el proceso de selección para brindar el servicio de desarmado y armado de ángulos ranurados en el archivo general de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, el cual según el comunicado de la misma institución está en proceso de implementación.

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JUSTICIA. La negligencia de las empresas contratadas por la Corte Superior de Justicia de Huánuco para la implementación del archivo general provocó la muerte del joven estudiante quien por más de ocho horas de trabajo que consistía en acomodar los expedientes percibía 50 soles. Pese al latente peligro que habrían sido advertido, ninguno hizo algo para corregir y el resultado la muerte de Rafael Acosta para quien su familia pide justicia.

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Según el comunicado de la Corte Superior de Justicia Huánuco, Rafael Acosta Malpartida trabajaba para la empresa de Juan Gregorio Cortés Chaparro.

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