Desde la clandestinidad en la que están desde noviembre del 2020, ayer, los suboficiales César Augusto Salazar Jauregui y Edwar Augusto Revilla Vargas, ambos ex agentes de la Policía de Carreteras Huánuco, decidieron conectarse a través de la plataforma Google Meet para asistir a la audiencia de inicio de juicio oral que programó el juez Luis Pasquel Paredes del Cuarto Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
En la audiencia virtual, la fiscal a cargo del caso, Jessica Evangelista Silvestre dio a conocer sus alegatos de apertura sobre la investigación por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y por el cual solicitando la imposición de siete años y cuatro meses de cárcel para ambos agentes.
HECHOS. Según la acusación de la fiscalía, el 30 de julio del 2020 a las 12:00 del día en la zona de Cochas, distrito de Chinchao, los dos policías decomisaron 315 kilos de hoja de coca que eran trasladados en el automóvil negro marca Hyundai de placa AZP-201 conducido por Lindon Tapia Martel. La mercadería era de Donita Yuli Fernández Santiago, quien a través de otras personas conoció que solo 100 kilos fueron internados en Enaco Huánuco. Enterados que la comerciante estaba averiguando, Salazar Jauregui la llamó para pedirle disculpas y que en adelante iban a permitir pasar su “carga”.
Pese al ilegal acuerdo de los policías y comerciante, el 11 de agosto del 2020, Edwar Revilla, quien estaba como conductor del patrullero de placa EPF-073 y César Salazar como operador, incautaron 90 kilos de hoja de coca que eran trasladados por el mismo conductor de la primera intervención (Lindon Tapia Marte) y la coca era de Donita Fernández. Esta última intervención habría ocurrido en la zona de Limónpampa.
Lindon Tapia, quien conocía del acuerdo que realizaron con la comerciante optó por acercarse al patrullero y decirles que ya habían conversado con la dueña, ante ello Revilla y Salazar, dijeron que no. El segundo de los nombrados pidió al conductor que marque el número de Donita para explicar de la intervención y decirle que necesitaban 2 mil soles para no internar su coca a Enaco.
Según la fiscalía, Lindon, llamó en dos oportunidades a la comerciante para informar sobre la petición del dinero y a tanta insistencia, aceptó que vayan a su casa ubicada en la urbanización Los Pinos Mz. C Lte. 9, en Amarilis para arreglar. Ante ello, los policías escoltaron al automóvil hasta la casa de la ahora denunciante para recoger el dinero que habían acordado para no incautar los 90 kilos de hoja de coca; al llegar a dicho inmueble, Salazar Jauregui, fue quien bajó del patrullero para ir en busca de la comerciante.
Tras explicarle que solo podía darle 500, el policía enfurece y discute con Donita, pero al ser encarado por Norman Fernández Santiago, hermano de la comerciante, Salazar huye del lugar. Después del 11 de agosto, Salazar Jauregui volvió a llamar a la denunciante para pedir el dinero por haberla dejado pasar los 90 kilos de hoja de coca, y ante ello, la comerciante orientada por sus parientes decidió reportar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción, y justo cuando la fiscal recepcionaba la denuncia, el policía llamó nuevamente para insistir con el pago.
Las cuatro llamadas que hizo ese mismo día, fueron grabadas en presencia de la representante del Ministerio Público. Enterados de la denuncia en su contra, ambos policías llamaron varias veces al transportista para que hable con Donita Fernández y no continúe con su denuncia, pero la denuncia continuó y a la fecha está en juicio oral.
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El juicio oral continuará el 12 de octubre a las 9:00 de la mañana y será dirigida por el juez Luis Pasquel.
