El 12 de mayo del 2022, el fiscal Virgilio Iván Carrión Cabrera de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, presentó el recurso de apelación a la resolución número 2 emitida el 10 de mayo por el juez Elmer Contreras Campos, que declaró fundado al pedido de cesación de prisión preventiva de 18 meses contra el investigado, Frank Darwin Campos Soto, quien al igual que el suspendido gobernador, Juan Alvarado Cornelio, el empresario Luis Bedregal Gonzáles y la exfuncionaria Luz Rodríguez Ramos son investigados por la irregular compra de las 7995 laptops.
Para el juez, el investigado Campos Soto si tiene y con el cual garantizaría su presencia en el proceso judicial. Entre los documentos que el magistrado valoró para disponer la inmediata libertad del investigado por el delito de colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Huánuco, está un título de propiedad de inmueble, testimonio de escritura de anticipo de herencia y declaración jurada emitida por los padres que indican que desde de diciembre del 2021, Darwin vive en el primer piso del inmueble ubicado en el jirón Provincias n° 144 interior C, en Huánuco.
Otro detalle que el juez tomó en cuenta para revocar su misma resolución emitida el 25 de marzo dictando prisión preventiva, es el arraigo laboral que la defensa técnica presentó y es la carta 008-2022 firmando por Gilver Aníbal Carhuaricra Quispe, quien aduce que contratará al investigado. El juez también valoró que Campos Soto haya decidido ponerse a derecho ante el juzgado, una vez que conoció que había una orden de captura en su contra.
También dijo que existe predisposición de Darwin Frank para colaborar con la justicia.
Sin embargo, para el representante del Ministerio Público, el juez Contreras habría realizado una indebida valoración de los elementos de convicción presentados por la defensa, al argumentar que el investigado cuenta con arraigo domiciliario cuando la realidad es otra, esto debido que existe una contradicción con el acta de allanamiento realizado el 5 de marzo del 2022, donde los dueños del inmueble informaron que Darwin Frank no vivía en dicho inmueble desde hace más de seis años.
“De todo lo expresado concluimos que el razonamiento del señor juez es insuficiente para afirmar que el investigado tiene arraigo domiciliario, ya que no puede sostener una variación de la posición inicial asumida en la resolución n° 14 del 25 de marzo del 2022, tan solo con la mención de documentos que solo acreditan la propiedad de un inmueble por parte de sus progenitores, así como una declaración jurada que tiene un legítimo interés de sus autores para beneficiar a su hijo, pero que, evaluados en su conjunto, no acreditan que el investigado tenga un arraigo domiciliario de calidad que asegure que pueda ser ubicado las veces que se le requiera”, dice parte del documento presentado a través de mesa de partes, y que deben ser valorados por los jueces superiores para que revoquen la comparecencia con restricciones y retornen la prisión efectiva.
Mientras eso ocurre, los otros investigados: Juan Alvarado, Luz Rodríguez y Luis Bedregal, continúan prófugos de la justicia. En el caso de Alvarado, está pendiente ver su apelación contra la resolución de prisión preventiva en su contra.
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El recurso de apelación fue presentada al juez Elmer Contreras, quien tras verificar si cumple los requisitos remitirá el caso a la Sala Penal de Apelaciones y será dicha instancia si confirma, declara nula la resolución.
