Ante el eminente desalojo preventivo y ministración provisional de las 72 hectáreas de terrenos de la Comunidad Campesina de Yurajhuanca, ubicado en el poblado de la Esperanza distrito de Amarilis, ayer, hombres y mujeres acompañados de niños llegaron al frontis de la Oficina de la Defensoría del Pueblo Huánuco para entregar un escrito, donde piden realizar una inspección en La Pedroza para ver la situación real en la que viven las personas en estado de abandono.
Ronald Laureno Capcha, vicepresidente de la comunidad campesina Hatun Rumi, creada en una parte de lo que ahora es La Pedroza, dijo que dicha comunidad existe alrededor de 1500 comuneros que están posesionados desde el 2019, de los cuales 180 son niños huérfanos, personas de la tercera edad, madres solteras y personas discapacitadas que fueron abandonadas y al ser desalojadas quedarían en total abandono.
“La población está preparada para frustrar el desalojo en La Pedroza, por eso antes de que exista un costo social estamos buscando los mecanismos de manera pacífica. Los que estamos en la comunidad campesina Hatun Rumi, no tenemos un lugar donde vivir, por eso estamos posesionados en nuestros lotes donde construimos nuestras casas y algunos tienen sus áreas de cultivo”, dijo en comunicación telefónica con Tu diario al tiempo de descartar cualquier vínculo con los integrantes de la organización criminal “Los Terribles de Huánuco”.
Informó que en la referida comunidad que está ubicado en paralelo con San Andrés Alto y al otro extremo con la zona conocida como Huarangal, existen 14 asociaciones cuyos integrantes habitan de manera permanente en el lugar, pero en toda La Pedroza existen varias asociaciones de viviendas que aglomera a un promedio de cinco mil familias.
DESALOJO. El desalojo de las 72 hectáreas invadidas desde abril del 2018 fue autorizado por el juez Iván Aguirre Antonio del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Amarilis y cuya resolución fue ratificada por la Sala Penal de Apelaciones, esto al quedar probado mediante escritura pública que los predios pertenecen a la Comunidad Campesina de Yurajhuanca, cuyos integrantes que son alrededor de 700 personas esperan desde hace más de tres años la ejecución del desalojo.
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Más de 30 personas que lideraron y participaron directamente en la invasión de los terrenos de la comunidad de Yurajhuanca, son investigadas por varios delitos, entre las que está usurpación agravada.
