Publicidad estatal, el precio del silencio
El proyecto de ley que prohíbe a las entidades del estado a contratar con los medios de comunicación privados, está generando desconcierto en los propietarios de los medios de comunicación. Es cierto que todos tenemos el derecho de conocer los actos del gobierno nacional y regional, y es más los gobiernos están obligados a informar y hacer públicas transparentando sus decisiones de gestión y la rendición de cuentas respecto al manejo del gasto de los recursos públicos. En esa línea se entiende que la democracia se consolida con medios de comunicación sólidos, independientes y plurales, porque la sociedad necesita de periodistas que tengan la libertad de investigar, criticar, las políticas del gobierno nacional, regional y municipal de turno.
Sin embargo, en las altas esferas del poder, el escenario nacional actual refleja otra cara, se aprecia la monopolización de los medios de comunicación por grupos de poder económico privado, que afecta la pluralidad que en teoría profesamos, y que los gobernantes se ponen de pie juntillas para preferirlos y someterse a costa de la difusión de la información que requieren para la implementación de las políticas públicas, de sus proyectos y el cuidado de sus intereses mutuos, a costa de millonarios contratos con recursos públicos “publicidad estatal”, para informar, desinformar o simplemente callar.
Y cuánto asciende el gasto en publicidad e imagen institucional, del gobierno nacional, para muestra basta un botón, en el año 2016, se gastó nada más y nada menos, la suma de 350” 018, 967 millones de soles (Fuente: PCM), ¿se justifica tamaño gasto millonario?, en verdad nos sorprende.
Y cuanto es el gasto en publicidad e imagen institucional en el Gobierno Regional de Huánuco, ¿……?, aunque es, infructuoso obtener esa información, pero pronto lo sabremos.
No sería extraño que los gobernantes en la actualidad, estarían manejando la publicidad estatal, que no es otra cosa que pagar a los medios de comunicación por la información de las acciones del gobierno a la población, y que en verdad esto es legal. Pero no es legal, no es ético y más bien es corrupción, que se evidenciaría a gobernantes y alcaldes, que habrían puesto de su lado a periodistas asalariándolos, con la condición de que no informen y han condicionado a jugoso contratos de publicidad a determinados medios de comunicación poniéndolos a su servicio para desvirtuar la información o simplemente no informar que también tiene precio.
No sigamos mintiéndonos, esta situación no puede continuar por el bien de nuestra democracia, es necesario que la publicidad estatal deberían normarse y ser regulada, Los medios de comunicación deben servir al interés público, es responsabilidad de los gobiernos asegurar y proteger su independencia y pluralidad.
