Ayer se recordó el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, una vez más, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas para su erradicación.
Hasta ahora, ni las leyes, ni las marchas han podido parar este problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras.
En el 2016, frente a escandalosos fallos judiciales que favorecieron a agresores de mujeres, promovieron una campaña con el lema “Ni Una Menos”, sin embargo, solo al siguiente año la movilización resaltó la frase: “Las cosas no han cambiado”.
En efecto, las cosas no han cambiado. En nuestro país, hace cinco años, el 2015, fue aprobado la Ley 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El Gobierno está destinado presupuesto para luchar contra este problema social, sin embargo, los esfuerzos no son suficientes.
De acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), los feminicidios van en incremento en el país; en el 2015 se registraron 95, el 2016 se repitió la cifra; en el 2017 creció la cifra a 116, el 2018 a 149, el 2019 registraron 166 y hasta octubre de este año ya habían 111 casos.
Huánuco, en el 2019 registró 8 feminicidios, pero este año hasta octubre ocupaba el segundo lugar después de Lima con 10 casos; al que se sumó el reciente crimen de una escolar en la ciudad de Ambo, con lo que llega a once.
Sin duda que la violencia contra las mujeres, es una pandemia de salud pública y un grave obstáculo para el desarrollo sostenible. Se ha convertido en un problema estructural, sobre
el cual hay mucho que trabajar desde los gobiernos y la misma sociedad.
