La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe de calificación que declara procedente tres denuncias acumuladas contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, por la contratación de Yaziré Pinedo.
La denuncia constitucional atribuye a Otárola presuntamente haber influenciado en forma indebida para facilitar la contratación de Yaziré Pinedo Vásquez en el Ministerio de Defensa y por hacer uso de un vehículo oficial para asuntos personales.
El informe de calificación determinó que hay lugar para iniciar investigación en los extremos referidos a la presunta infracción de diversos artículos de la Constitución, así como posible comisión de los delitos de colusión, peculado de uso, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.
Las denuncias constitucionales fueron presentadas por los congresistas Elías Varas Meléndez (JP-VP), Juan Burgos Oliveros (PP) y Jaime Quito Sarmiento (BS).
El informe de calificación fue aprobado por unanimidad en la sesión de hoy presidida por la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña Peralta (APP).
OTROS. También se aprobó tres informes de calificación adicionales contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, por presunta infracción constitucional, y posible comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
La denuncia constitucional, interpuesta por el ciudadano Jesús Zavaleta Mendoza, atribuye a Salas Arenas no atender peticiones de organizaciones políticas que tuvieron dificultades para inscribirse en las elecciones internas complementarias municipales y regionales del año 2022, debido a fallas en el sistema informático.
Asimismo, se aprobó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 440, interpuesta por el congresista Luis Cordero Jon Tay (SP), contra el ex fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, por presunta infracción constitucional.
En tanto, se declaró improcedente el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 495, contra los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Inés Tello Ñecco, Antonio de La Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán.
La denuncia, según el informe, carece de uno de los presupuestos exigidos por el Reglamento del Congreso, que señala que las denuncias deben referirse a hechos que constituyan infracción a la Constitución o delitos de función.
Durante la reunión, se acordó también designar al congresista Jorge Montoya Manrique (HyD) como delegado para procesar la denuncia constitucional acumulada contra el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por presunta infracción constitucional.
Para la Denuncia Constitucional 403, contra el ex presidente de la república, Pedro Castillo Terrones y el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, por presunta comisión de los delitos de organización criminal, abuso de autoridad, cohecho activo genérico, tráfico de influencias agravado, se delegó a la parlamentaria María Jáuregui Martínez de Aguayo (RP).
La Denuncia Constitucional 426, contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por supuesta infracción constitucional y por presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, estará a cargo del congresista Esdras Medina Minaya (RP).
Finalmente, la Denuncia Constitucional 512, contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica, se delegó en la parlamentaria Patricia Chirinos Venegas (RP).
