24/03/26 Profesores Universidad del Pacífico. © Victor Idrogo / Icónica
Un nuevo estudio de la Universidad del Pacífico muestra que la inseguridad alimentaria en el Perú es la más grave de la región en los últimos años y que su origen no se reduce únicamente a un problema de escasez de alimentos, sino también de fallas estructurales en su producción, acceso y uso.
En Perú, la inseguridad alimentaria ha alcanzado niveles preocupantes que superan ampliamente a otros países de ingreso medio en la región. De acuerdo con estimaciones a 2024, más del 20% de la población peruana experimentó inseguridad alimentaria severa en el periodo 2021–2023, una cifra que se ubica por encima del promedio regional (10,0%), y que sobrepasa los niveles que experimentan países vecinos como Chile (3,7%) y Colombia (5,3%).
Frente a este escenario, Joanna Kámiche Zegarra, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), propone medidas urgentes, fundamentadas y políticamente viables para mejorar el uso de alimentos. En su investigación «Mecanismos para reducir la Inseguridad Alimentaria: el rol de la productividad agraria y las mejoras en disponibilidad, acceso y uso de los alimentos», realizada en el marco de la iniciativa Agenda 2026 de la Universidad del Pacífico, analiza con rigor las causas estructurales detrás de estas cifras y traza una hoja de ruta para la acción pública, a partir de tres pilares de la seguridad alimentaria.
El estudio identifica falencias en diferentes aspectos, donde, principalmente, se señalan la baja productividad agraria, programas alimentarios mal focalizados y ausencia de condiciones elementales como servicios básicos de saneamiento para la correcta preparación de los alimentos, como el agua potable y electricidad. «La inseguridad alimentaria en el Perú no es un problema de un solo sector, es multicausal y requiere soluciones donde participen distintos actores del Estado, el sector privado y la academia», señala Kámiche Zegarra.
El valor del estudio radica en su enfoque multidimensional y en su capacidad de articular propuestas que no solo buscan aumentar la producción de alimentos, sino también optimizar su distribución y aprovechamiento. Asimismo, destaca la necesidad de una acción coordinada entre el Estado, el sector privado y la academia para enfrentar un problema que es, por naturaleza, multisectorial.
Entre las propuestas de política pública, se plantea elevar la disponibilidad y acceso a alimentos desde la mejora de la productividad agraria mediante semillas certificadas, riego tecnificado y una discusión basada en evidencia sobre Organismos Vivos Modificados (OVMs), fortaleciendo la investigación y la institucionalidad. Asimismo, propone mejorar la focalización de programas alimentarios usando criterios que prioricen a la población en condiciones de inseguridad severa y promover autoconsumo con biohuertos y vales de consumo.
Kámiche Zegarra subraya que estas intervenciones son fiscalmente viables, pues sus beneficios económicos —estimados entre 2% y 4% del PBI— justifican la inversión pública. “La inseguridad alimentaria en el Perú no es una fatalidad geográfica ni económica: es el resultado de décadas de intervenciones fragmentadas, recursos mal asignados y una institucionalidad débil”, explica la directora del CIUP. Con más de 16 millones de peruanos en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, el costo de no actuar es significativamente mayor que el de implementar estas reformas.
Este aporte forma parte de quince documentos con propuestas de política detalladas que conforman Agenda 2026, una iniciativa de la Universidad del Pacífico, a través del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y en colaboración con su Escuela de Gestión Pública, que busca brindar elementos concretos a quienes vayan a dirigir el país, para fortalecer nuestra democracia y mejorar la calidad de vida de los peruanos.
Conoce más sobre esta y otras propuestas en políticas públicas en agenda2026.up.edu.pe
