El ministro del Interior, Vicente Romero, refirió que el costo de la inseguridad en el Perú representa aproximadamente el 3% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, lo que equivale a unos 27,000 millones de soles anuales.
Así lo manifestó durante el V Foro internacional de seguridad ciudadana y empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), denominado “Enfrentando retos y oportunidades para una sociedad segura”.
Durante su ponencia, el titular del Ministerio del Interior, refirió que el nivel de informalidad laboral que alcanza al 75 % de los trabajadores, también genera condiciones de inseguridad y desprotección entre emprendedores y empresarios, quienes terminan siendo vulnerables a la extorsión en sus distintas modalidades.
Por ello, resaltó que su institución no cesará en su lucha frontal contra la criminalidad y otros flagelos que atentan contra la integridad de los ciudadanos y el pleno desarrollo de la actividad empresarial.
“Tenemos un plan en desarrollo integral, cumplimos procedimientos ante el Congreso con el pedido de facultades y hemos declarado estratégicamente en emergencia tres puntos del país, entre otras acciones. Nuestra preocupación la constituyen 34 millones de habitantes del país para brindarles una sociedad segura y paz social”, indicó.
Efectos nocivos en la economía peruana
En el evento organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, el vicepresidente de este gremio, Hernán Lanzara, señaló que la inseguridad y la violencia acrecentada en los últimos años, causa efectos nocivos en el desempeño empresarial y económico del país.
Refirió que esta situación ha incidido negativamente en importantes actividades productivas y niveles de competitividad de las empresas, ocasionando, incluso, la interrupción de las operaciones comerciales, además de provocar la caída de ingresos y ganancias económicas.
Sostuvo que, a consecuencia de la inseguridad, los empresarios y emprendedores del país se han visto obligados a asumir altos costos para implementar sistemas de seguridad y contratar personal de vigilancia a fin de salvaguardar sus negocios.
“Ante ese escenario, urge establecer una gestión efectiva en materia de seguridad ciudadana y empresarial, lo cual es crucial para proteger tanto a los empleados como a los activos de la empresa y emprendimientos, teniendo como resultado colectivo mantener el progreso económico del país”, resaltó Hernán Lanzara.
Asimismo, indicó que el tema de inseguridad ciudadana es una responsabilidad transversal que debe incluir a todos los sectores del país y, por ende, la lucha frontal contra este fenómeno debe partir desde una acción compartida y articulada.
Real participación
En esa línea, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Giovanni Conetta, refirió que el tema de seguridad es un proceso integral y participativo que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad.
Es por ello que instó a los ciudadanos a tener una real participación en el tema de prevención y denuncia contra la inseguridad y criminalidad.
“Nos toca actuar dentro del espacio donde nos encontremos; no debemos ser ajenos a esta situación. Nos hemos acostumbrado solo a reclamar, pero no vemos cuál es nuestra real participación contra la criminalidad y su mitigación”, afirmó.
