El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 31880 que delega la facultad de legislar, por el plazo de 90 días calendarios, en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres – Niño global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia. Esta norma se da en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.
En materia de seguridad ciudadana, actualizará la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; así como la normativa y medidas en materia de seguridad ciudadana; y fortalecerán medidas frente a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
Autoriza el uso de recursos de canon y sobrecanon para fortalecer la seguridad ciudadana sin afectar la autonomía de los gobiernos regionales y gobiernos locales; establecer modificaciones al marco normativo referido a la prevención, combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles, recuperación de bienes perdidos y delitos conexos.
También está previsto modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública. De igual modo, modificar el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, con el fin de optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía y el Ministerio Público.
En gestión del riesgo de desastres, fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Además, establece medidas para agilizar las contrataciones públicas mediante la ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.
La ley también indica que fortalecerán el seguro agrario. En el caso de infraestructura social y calidad de proyectos, se establecen medidas para promover la innovación tecnológica y la reducción de la brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, modificar el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Modificar, también, la Ley 31015 con el fin de cerrar las brechas en cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.
En cuanto al fortalecimiento de la gestión pública, modificar el marco normativo para garantizar el derecho de los servidores a contar con igualdad remunerativa y beneficios sociales, entre otros.
