El Poder Judicial dispuso la apertura de un juicio oral contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, en el que discutirán el pago de reparación civil que demanda la empresa turística Waynapicchu S. A., en el proceso donde fue investigado por presunta estafa.
La medida fue dispuesta por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Cusco que aceptó el requerimiento de la empresa agraviada que demanda una reparación económica ascendente a S/1 371 981,58, la cual “debe darse en audiencia y respetando el debido proceso”.
No obstante, la magistrada a cargo del proceso, Yeny Olivares Tapia, programó el inicio de la audiencia “para el trece de marzo del año 2024, a horas nueve de la mañana”, es decir, dentro de 7 meses.
Tal como indica la resolución judicial, pese a que el caso habría prescrito, corresponde que se determine el monto de reparación civil a favor de la empresa por un caso de presunta estafa.
“La parte agraviada (…) al haber quedado consentida el auto de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, solicita (…) la instalación de juicio oral para reclamar su pretensión con relación a la reparación civil, ofreciendo para ello (…) los medios probatorios que fueron admitidos por el Ministerio Público”, señala el documento.
“Si bien en autos, la acción peal ha prescrito, ese hecho no impide que el juez de la causa se pronuncie sobre la reparación civil por haberse generado menoscabo a la parte agraviada por las conductas ilícitas atribuidas a la parte imputada”, añade.
Cabe resaltar que Waynapicchu S.A. presentó dicha solicitud luego de que el referido juzgado penal considerara prescrita la acción penal por la que la Fiscalía solicitaba ocho años y ocho meses de cárcel para el presidente del Congreso. Esto tras acogerse a la ley de prescripción aprobada el pasado mes de mayo en el Parlamento y que fue votada a favor por Soto Reyes.
El abogado de la empresa Waynapicchu, Darwin Urquizo, afirmó que el abogado de Alejandro Soto se unió a un pedido de otras defensas involucradas en el caso, a fin de que se aplique la ley y por tanto los casos prescriban.
La Fiscalía señala que Soto firmó un contrato con la referida compañía en diciembre de 2012 para elaborar sus estatutos. Cobró por este servicio, pero no habría entregado el trabajo a la empresa.