La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor PNP) detuvo en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. La intervención se realizó en el marco de las investigaciones por los retrasos en la entrega de materiales durante las Elecciones 2026.
La detención se produjo tras la renuncia de Samamé Blas la noche anterior. El funcionario había sido responsable de solicitar el servicio de transporte del material electoral y de firmar los términos de referencia (TDR) para el contrato con la empresa GALAGA, encargada de la distribución de los insumos a los locales de votación. Según la periodista Karla Ramírez, estas acciones se encuentran bajo investigación por presuntas irregularidades en la gestión logística que afectaron a miles de electores en Lima y el extranjero.
En la carta de renuncia dirigida al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, Samamé Blas reconoció su “responsabilidad” por el retraso en la entrega de los materiales. La investigación busca esclarecer las fallas en los procesos logísticos que generaron malestar social y tensión institucional durante la jornada electoral.
José Samamé Blas es ingeniero electrónico con más de 20 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información, tanto en empresas privadas como en instituciones del Estado. Posee estudios de maestría en Gestión Pública y especialización en gestión de proyectos de TI, operaciones y administración de infraestructura tecnológica. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos aplicando estándares internacionales como ITIL y buenas prácticas en gestión tecnológica.
La empresa Servicios Generales Galaga SAC emitió un comunicado en el que afirmó haber cumplido estrictamente con las obligaciones establecidas en los TDR del contrato. Señaló que el transporte de materiales se realizó conforme a los cronogramas proporcionados por la ONPE y bajo las condiciones logísticas definidas por la entidad electoral. La compañía rechazó que los retrasos sean responsabilidad exclusiva de su operación y pidió que no se le atribuya de manera exclusiva la causa de los problemas logísticos, advirtiendo que las declaraciones de funcionarios de la ONPE afectan su imagen y reputación.
