El miércoles 27 de agosto de 2025, el Ministerio Público del Perú, en coordinación con la Policía Nacional, realizó un allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito limeño de San Borja. Esta acción forma parte del operativo denominado Ícaro, que investiga presuntos delitos de corrupción y favorecimiento ilícito.
La Fiscalía atribuye a Nicanor Boluarte cuatro presuntos delitos: Favorecimiento ilícito en procesos administrativos del Ministerio del Interior, Cobros indebidos para mantener a generales en sus cargos, Presunto beneficio irregular a la empresa minera El Dorado y Ocultamiento de pruebas relacionadas con estos hechos.
Sobre la minera El Dorado, la Fiscalía sostiene que Nicanor Boluarte habría sido beneficiado indirectamente por una presunta red criminal. Se le habría intentado vincular como “consultor” de la empresa minera para reforzar su arraigo laboral y evitar medidas judiciales en su contra.
El caso involucra también al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y al general en retiro Percy Tenorio, quienes habrían tenido vínculos con la mina El Dorado, señalada por intentar recuperar terrenos mediante operativos policiales irregulares.
Sobre el hecho, la presidenta Dina Boluarte calificó el allanamiento como parte de un intento de desestabilización del gobierno, señalando que se trata de “un muñeco armado” por fiscales que fabrican carpetas sin sustento jurídico.
Por su lado, Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, criticó el procedimiento, alegando que su cliente no fue notificado ni citado previamente. Calificó el allanamiento como “un abuso más de la Fiscalía” y anunció que tomarán medidas legales para responder a la intervención.
