Bolsonaro inicia condena de 27 años por intento de golpe de Estado en Brasilia

FOTO: AFP

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir este martes la condena de 27 años de prisión que le fue impuesta por intento de golpe de Estado. El exmandatario se encuentra recluido en una pequeña sala de doce metros cuadrados dentro de la sede de la Policía Federal en Brasilia.

La sentencia responde a su responsabilidad en los hechos ocurridos en enero de 2023, cuando miles de sus seguidores invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en la capital brasileña, en un intento de desestabilizar el orden democrático. La justicia determinó que Bolsonaro alentó y respaldó las acciones que derivaron en violencia y destrucción de bienes públicos.

La celda donde cumple condena está adaptada para albergar a figuras de alto perfil y cuenta con condiciones básicas de seguridad y vigilancia permanente. Su reclusión marca un hecho histórico en Brasil, al tratarse de la primera vez que un expresidente es sentenciado por un delito de esta magnitud.

El caso mantiene en tensión el escenario político brasileño, en medio de una fuerte polarización social. Mientras sectores oficialistas consideran la condena como un paso firme en defensa de la democracia, simpatizantes del exmandatario califican la decisión como persecución política.

Bolsonaro, por su parte, ha reiterado que es inocente y que apelará la sentencia, aunque por ahora deberá cumplir con las disposiciones judiciales en la capital brasileña.

Pide amnistía

Bolsonaro solicitó al Congreso que apruebe una amnistía a favor de los condenados por los actos golpistas ocurridos en el país. La declaración fue realizada este martes por uno de sus hijos, en medio de la creciente tensión política que rodea al exmandatario.

La petición de amnistía, dirigida al Congreso Nacional, busca beneficiar a los simpatizantes condenados por su participación en los disturbios, muchos de los cuales cumplen penas de prisión.

El pedido ha generado polémica en el escenario político brasileño, donde sectores oficialistas consideran que se trata de un intento de minimizar la gravedad de los ataques contra las instituciones democráticas.

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