Por: Joyce Meyzán Caldas*
A días de las elecciones del 12 de abril, el futuro de la supervisión universitaria se juega en las urnas
Para entender lo que significa la SUNEDU, hay que recordar lo que había antes: la Asamblea Nacional de Rectores, la ANR. Ese organismo, creado décadas atrás y vigente hasta el 30 de diciembre de 2014, estaba constituido por los propios rectores de las universidades públicas y privadas del país. Eran ellos quienes se encargaban de coordinar, supervisar y, en teoría, garantizar la calidad del sistema universitario. El problema era estructural y evidente: los supervisados eran los supervisores. Nadie con intereses en el juego tenía incentivo real para exigir estándares que afectaran su propia institución. El resultado fue un sistema que durante décadas permitió la proliferación de universidades sin infraestructura mínima, sin investigación, sin docentes calificados, y en muchos casos sin otro propósito que el negocio disfrazado de educación superior.
La creación de la SUNEDU en 2014, mediante la Ley Universitaria N.° 30220, representó un quiebre real en esa lógica. Por primera vez, una entidad regulatoria estableció condiciones básicas de calidad: infraestructura adecuada, docentes con grado de posgrado, líneas de investigación activas, bienestar estudiantil mínimo garantizado. No era perfeccionismo burocrático; era lo mínimo que cualquier país serio debería exigir. El resultado fue claro: alrededor de 48 universidades no superaron el proceso de licenciamiento y cerraron. Aunque traumático para miles de estudiantes atrapados en esas instituciones, fue también un acto de honestidad institucional largo tiempo postergado.
El impacto sobre el cuerpo docente fue igualmente significativo. Según el propio informe bienal de la SUNEDU, entre 2010 y el año de licenciamiento de las universidades, la proporción de docentes a tiempo completo pasó del 20,3% al 38,9%, y la de docentes con posgrado subió del 70,3% al 81,9%. Al año 2020, el 56,4% de los puestos docentes a nivel nacional estaban ocupados por profesores cuyo máximo grado era la maestría, y el 21,1% por doctores. Cifras que hace diez años habrían parecido inalcanzables. Más revelador aún: las universidades peruanas pasaron de no tener ningún registro de patentes en 2010 a registrar 79 ante Indecopi en 2018. Y la producción científica indexada en Web of Science casi se triplicó entre 2010 y 2017, de 576 a 1,643 publicaciones anuales. Esto no ocurrió por casualidad: ocurrió porque se exigió.
La SUNEDU no fue perfecta, pero fue necesaria. Obligó al sistema a mirarse al espejo y reconocer lo que por décadas prefirió ignorar.
Sin embargo, sería ingenuo presentar esta historia como un progreso lineal. Desde sus primeros años, la SUNEDU fue también un campo de batalla política. El Congreso aprobó en más de una ocasión normas que intentaron revertir avances o proteger a operadores educativos cuestionados: ampliaciones de plazos, licenciamientos permanentes, eliminación de la renovación obligatoria por facultad. La visión populista ha sido recurrente: en lugar de exigir calidad, ofrecer acceso sin condiciones, como si ambos objetivos fueran irreconciliables. La institución sobrevivió, pero no sin cicatrices.
Según una revisión de los planes de gobierno presentados ante el JNE, la educación universitaria aparece de forma desigual en las propuestas de los candidatos, lo que evidencia no solo distintos niveles de prioridad, sino también visiones opuestas sobre el rol del Estado en la regulación de la calidad educativa.
El Partido Morado, con Mesías Guevara como candidato, es el que plantea la propuesta más estructurada: derogar las normas vinculadas a la contrarreforma universitaria, restablecer el licenciamiento institucional periódico cada seis u ocho años y reconfigurar el Consejo Directivo de la SUNEDU mediante concursos públicos meritocráticos, buscando reforzar su independencia técnica.
En un segundo grupo, cinco organizaciones políticas mencionan la necesidad de fortalecer la SUNEDU. Venceremos, con Ronald Atencio, propone ampliar sus competencias regulatorias; Ahora Nación, liderado por Alfonso López Chau, plantea garantizar su autonomía y capacidad de fiscalización; mientras que Partido del Buen Gobierno, con Jorge Nieto, y Perú Primero, de Martín Vizcarra, se limitan a mencionar su fortalecimiento sin detallar mecanismos concretos. Por su parte, Somos Perú, con George Forsyth, añade una propuesta relevante pero debatible: extender las funciones de la SUNEDU hacia el licenciamiento de institutos técnicos, lo que implicaría rediseñar el sistema de supervisión de la educación superior en su conjunto.
En el extremo opuesto, el candidato Carlos Espá, del partido Sí Creo, sostuvo durante el debate presidencial organizado por el JNE su intención de eliminar la SUNEDU, argumentando que habría sido capturada por intereses particulares. Esta postura reabre un debate de fondo: si el país debe consolidar un modelo de aseguramiento de la calidad basado en estándares técnicos o retroceder hacia esquemas con menor regulación estatal.
En ese escenario, más que una discusión técnica, lo que está en juego es el tipo de sistema universitario que el Perú quiere sostener: uno orientado a la calidad, la meritocracia y la rendición de cuentas, o uno más flexible, pero con el riesgo de reproducir desigualdades y debilitar la confianza en la formación profesional.
Las elecciones de este domingo no son solo una disputa por el Ejecutivo; son, sobre todo, una definición del modelo de país que los peruanos desean construir. La educación universitaria no es un servicio más: constituye el principal mecanismo de movilidad social en una nación donde el lugar de nacimiento sigue siendo, con demasiada frecuencia, el factor que determina el futuro de una persona.
Votar este 12 de abril implica decidir si el próximo gobierno y el Congreso respaldarán, fortalecerán y perfeccionarán el rol de la SUNEDU, reconociendo sus debilidades, pero apostando por su mejora, el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento del sistema universitario. Todo ello debe hacerse con un objetivo claro: garantizar el bienestar de los estudiantes y, sobre todo, de la sociedad que aspiramos a construir. En la calidad de nuestra educación y en la formación de nuestros futuros profesionales se encuentra, en gran medida, la realidad del país que seremos mañana.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital.
@joycemeyzan
