Según el fallo de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco emitida el 24 de octubre del 2018, el 20 de marzo de este año vence el plazo de prisión preventiva dictada contra la docente de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Amanda Omonte Vilca, acusada de pedir dinero a tres de sus alumnas para aprobarles el curso de Tesis.
La resolución que declaró improcedente la prolongación de prisión preventiva contra la investigada por la Fiscalía Anticorrupción, precisa que el plazo de prisión preventiva se duplicó automáticamente de nueve a 18 meses, que computado desde su detención el 21 de setiembre del 2017, vencerá el 20 de marzo; fecha en la cual será puesta en libertad, siempre en cuando no hay otra medida que lo impida.
En el documento se señala los argumentos de la defensa técnica, que entre otros cuestiona que la fiscalía a cargo declaró compleja la investigación pese a que en el caso hay solo una imputada y tres agraviadas. Indica que desde el 23 de marzo hasta el 1 de junio 2018, no realizaron ninguna diligencia, y que cuando estaba a punto de vencerse el primer plazo de la prisión preventiva la investigación fue declarada compleja.
Aparentemente el entrampamiento estaría en la pericia a una grabación de audio, lo que también es cuestionado porque la imputada reconoció su voz; aunque en su defensa argumentó que el dinero mencionado en ello era para la asesoría de tesis.
Como se recuerda, Omonte Vilca, fue recluida en el penal de Potracancha, luego de ser detenida cuando recibió 500 soles de una de las tres alumnas denunciantes, para aprobarles el curso de tesis.
De acuerdo a los documentos, la investigación contra la docente de la Facultad de Educación y directora de la Especialidad de Educación Inicial inició con la denuncia de la ahora ex alumna de la especialidad de Educación Inicial, Morelia Simón Martín, quien la acusó de pedirle a ella y dos de sus compañeras 5 mil soles para aprobarle los cursos de Tesis I y Tesis II.
Tales acusaciones fueron corroboradas también por las otras dos universitarias de entonces Aidé Tacuche Alvarado y Marili Chipana Domínguez, quienes habían entregado un monto de dinero, antes de su detención.
