El Gobierno argentino, liderado por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ha anunciado la suspensión de los pagos de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado debido a la detección de irregularidades en el proceso de tramitación y pago. Esta medida se toma tras la identificación de diversos casos de anomalías en la gestión de las compensaciones.
Se llevará a cabo una auditoría exhaustiva de todos los pedidos de reparación patrimonial para las víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura militar (1976-1983), con el objetivo de corregir cualquier irregularidad en la adjudicación y desembolso de dichas indemnizaciones. El Ministerio de Justicia ha anunciado que tomará medidas para evitar el pago de beneficios a aquellos que no cumplan con los requisitos correspondientes y buscará recuperar las sumas abonadas de manera fraudulenta para reintegrarlas al Estado.
Como ejemplo de estas irregularidades, se menciona el caso de Adrián Martínez Moreira, procesado en 2023 por su participación en una asociación criminal dedicada a la falsificación de pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamaciones de reparación, entre otros delitos.
Además, tanto el presidente de Argentina, Javier Milei, como la vicepresidenta, Victoria Villarruel, han cuestionado públicamente la cifra de 30 mil desaparecidos durante la dictadura, argumentando que no existe evidencia suficiente para respaldar esta cifra.
