En mesa de trabajo convocado por el Consejo Regional Huánuco (CRH) para tratar el tema de la sentencia del Juzgado Civil Transitorio que declaró procedente el desalojo judicial del local ocupado precariamente por la Dirección Regional de Salud, los trabajadores y funcionarios de esta entidad, solicitaron a los integrantes del CRH su apoyo para evitar el desalojo del local de propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huánuco.
La reunión fue desarrollada a petición de la consejera regional por la provincia de Huánuco, Kandy Vargas Aguirre, habiendo participado representantes de la Procuraduría Pública Regional, la Dirección Regional de Salud y el Consejo Regional con su equipo técnico; con el objetivo de evitarse o retrasarse el desalojo ordenado mediante sentencia judicial en primera instancia, ante lo cual se plantea un recurso de apelación que será vista por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco.
El responsable de la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Salud y la Procuraduría Pública Regional, presentaron los informes del estado del proceso legal, en el cual se reconoció que el bien inmueble es propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huánuco, con quien mantuvieron un convenio que feneció el año 2019.
A partir de ese año, la ocupación de local es precaria, por no contarse con ningún documento que autoriza se continuidad expresamente, y por el contrario se generó un proceso judicial que se ha extendido en el tiempo en función de haberse planteado diversos recursos legales desde la Procuraduría Regional que han evitado se emita la resolución de desalojo en los plazos que en estos casos son cortos.
Por su lado, los funcionarios y dirigentes sindicales de la Dirección Regional de Salud plantearon su justificación para que se evite el desalojo, argumentando que como estamento del sector, son los que garantizan los servicios de salud a la población, habiendo mostrado su desacuerdo con las explicaciones dadas sobre el proceso judicial, bajo el amparo de dos abogados externos.
Los dos letrados señalaron que recién tomaron conocimiento del caso, pero ofrecieron ganar el proceso judicial bajo supuestos argumentos jurídicos con base social, que no convenció al asesor legal de la Diresa, al procurador regional como tampoco al asesor legal de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Regional y otro abogado especialista presente en la reunión.
En la parte final de la cita, el procurador regional, Juan Carlos Nolorve, precisó que desde el inicio del proceso judicial nunca se tuvo la presencia ni apoyo del sector Salud, y que los trabajadores que hoy reclaman tampoco hicieron algo para contar con mayores elementos que quizá podrían haber ayudado para cambiar el fallo judicial que ahora está en contra y con orden de desalojo.
