El 26 de setiembre a través de mesa de partes del Ministerio Público, Bryan Pérez Quispe en su calidad de secretario general de los trabajadores CAS-004 del Hospital Regional Hermilio Valdizán, amplió la denuncia por la presunta comisión del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, abuso de autoridad, retardo injustificado de pago y omisión de actos funcionales contra Sully Noreña Salgado jefe del área de remuneraciones y Brady Caipa Enriquez, director ejecutivo del referido nosocomio.
El denunciante explica que el Segundo Juzgado de Trabajo de Huánuco por mandato cautelar ordenó la reposición de 162 trabajadores, sin embargo, el director sólo cumplió con reponer a 79. Asimismo, informa qué en cada uno de los mandatos cautelares, además de la reposición ordenaron que, el empleador realice el pago de las remuneraciones y beneficios sociales por trabajo realizado, lo que implica aportes a EsSalud, ONP, AFP y declaraciones de Programa Declaración Telemática (PDT) a la Sunat.
El denunciante señala que la reposición fue el 15 de julio del 2022 y desde esa fecha están trabajando con mandato cautelar, pero no les han pagado sus remuneraciones de julio y agosto; sin embargo, han aportado a la seguridad social y sistema provisional de trabajo, sin suscribir ningún contrato. También explica que la reposición por mandato cautelar es de manera provisional, por lo que el empleador les habría amenazado que si no firman un contrato con términos a fines de setiembre no les pagarán sus remuneraciones y tampoco realizarán los aportes a EsSalud y al sistema de pensiones.
El denunciante advierte que, al realizar el trabajo efectivo correspondiente a setiembre, no pagar las remuneraciones y no hacer efectivo los aportes al sistema de salud y pensiones, los empleadores estarían incumpliendo con su obligación, generando perjuicio económico, perjuicio en las atenciones de salud y sistema de pensiones.
En el punto siete de la denuncia, Pérez Quispe, indica que la amenaza de que no les pagarán sus remuneraciones de setiembre está en el comunicado que firmó el jefe de la oficina de remuneraciones del hospital.
El dirigente de los trabajadores solicita a la fiscalía realizar una inspección en el hospital regional para recabar in situ las evidencias de la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y otros.
