Debido a los recientes reclamos de los trabajadores de salud y administrativos referente a su Contrato de Administrativo de Servicios (CAS) Covid en la sede de la Dirección Regional de Huánuco (Diresa), el director de esta institución, Rollin Cruz Malpartida, informó que solo 38 trabajadores de los 111 registrados para CAS permanente cumplen con los requisitos para ocupar una de las 103 plazas disponibles.
Señaló que en el marco de la pandemia de la Covid-19 han destinado recursos financieros para la contratación de personal de primera línea: asistencial y administrativo bajo la modalidad de CAS a plazo fijo.
Sin embargo, debido a la necesidad de garantizar la presencia de personal, la modalidad CAS a plazo determinado fue modificada con la Ley n°31538 estableciendo la posibilidad de CAS a plazo indeterminado. “Esto, por una necesidad de servicios para garantizar la continuidad de la prestación porque durante la pandemia se evidenció que tuvimos una gran brecha de recursos humanos”, refirió Rollin Cruz.
En los numerales 7 y 8 del artículo 27 de esta ley se estableció que el personal CAS Covid que trabajó hasta el 31 de julio del 2022 podían obtener la condición de CAS indeterminado, siempre que cumplan con dos criterios: haber sido contratado bajo el régimen del Decreto de Urgencia 029 del 2020 y el DU 004 del 2021; haber trabajado 9 meses previos hasta el 31 de julio y encontrarse en el mismo establecimiento.
Sin embargo, un segundo lineamiento con la resolución ministerial n°806 ya no se exigían los 9 meses de servicio para acceder al CAS indeterminado, sino haber sido contratados por la modalidad Covid bajo los dos decretos de urgencia un mes antes del 31 de julio con el consentimiento de pertenecer a otra unidad ejecutora u hospital.
Son 111 trabajadores quienes se encontraban registrados para ocupar un CAS permanente de los cuales 103 plazas estuvieron ocupadas y solo 38 trabajadores cumplieron con los requisitos de ley, quedando 65 que no cumplían.
“Estamos elevando todos los documentos a la gerencia de desarrollo social del gobierno regional para que sea evaluado y se pueda determinar la continuidad o la nulidad de los contratos de estos 65 servidores públicos”, refirió el funcionario.
